lunes, 23 de abril de 2018

ANSES, NO MIENTA MÁS



El director ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, aseguró que las jubilaciones le ganarán a la inflación "por cuatro puntos este año y defendió la nueva fórmula de movilidad, cuestionada por la oposición.
"La fórmula nueva es mejor que la anterior. Lo vamos a saber al final del año, es un compromiso; firmamos un documento con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, garantizando que la movilidad va a estar cuatro puntos encima de la inflación.
El funcionario recordó además que "con la Reparación Histórica hubo un 1,8 millones de jubilados que salieron de la mínima", y que ya "no existen más las jubilaciones de privilegio"
Sobre el estado de la ANSES al asumir su gestión, reconoció que no encontró al organismo "arrasado o destruido, sino ordenado"
Estos cuatro puntos son cuatro mentiras que vamos a rebatir, no sin antes señalar que los verdaderos cuatro puntos que ganaron la impunidad, son Massa, Boudou, Bossio y Basavlbaso, ya que jamás durante sus gestiones realizaron auditorías. Las que realizó la ex AGN, lapidarias por cierto, fueron archivadas por orden de la ex presidente. La actual impunidad es fruto de algún leonino convenio virtual que reconoció el traspaso de 17 legisladores de Bossio para apoyar leyes del Pro como un premio y no lo investigaron. Una mano lava la otra o nobleza obliga. Ya lo hemos comentado en una gran variedad de artículos.
En cuanto a las cuatro mentiras, ellas son: la primera, que las jubilaciones le ganarán a la inflación y el tiempo lo dirá. La segunda, que la fórmula nueva es mejor que la anterior. El hecho de que se haya firmado un documento con el ministro de Hacienda, no es ninguna validación, pues no se puede por ley, ni por documento modificar el sexo, modificar las matemáticas o producir lluvias. La tercera, que "ya no existen más las jubilaciones de privilegio", ya que esa obligación fue inccluida en la ley de Refotma Previsional y no se cumplió, como ni siquiera fue tratada. La cuarta, que no encontró el organismo arrasado ni destruido, sino ordenado. No sabemos de qué recaudos administrativos se sirvió Basavilbaso para llegar a esa conclusión, toda vez que se no supo de ninguna auditoría al producirse el traspaso.
El conocido eslogan "Cambiemos" durante la campaña preelectoral que siguió usado por el nuevo gobierno, no fue cumplido en el campo previsional donde ni siquiera podemos decir "cambiamos para que nada cambie", ya que todo ha permanecido igual y en algunos casos ha empeorado, como el reajuste de haberes.
Como prueba de lo dicho, reproducimos parte de una "Cara abierta a la sociedad" publicada durante el gobierno kirchnerista en abril del 2015:
"Hoy 23 de abril de 2015 el diario La Nación publica en su principal editorial un artículo bajo el siguiente titular "CONTINÚA EL SAQUEO DE LOS FONDOS JUBILATORIOS" que viene a resumir y a resaltar conceptos vertidos frecuentemente en este espacio "Habla la experiencia".
Al decir que el Gobierno sigue financiando el gasto desmedido con el dinero de la Anses, comprometiendo así el presente y el futuro de los jubilados no hace más que emitir un alerta que hace más de un año es objeto de nuestras denuncias y que por dicho motivo exigíamos y continuamos exigiendo la inmediata intervención de la Anses, ya que es necesario terminar con el genocidio a la clase pasiva, a mi entender el mayor crimen de lesa humanidad cometido por este gobierno.
Todos los que siguen este blog tienen conocimiento de nuestro pedido que ya es un ultimatum para que se proceda a la intervención de la Anses, dado el peligro de la quiebra de su caja que provocaría el derrumbe dela clase pasiva. Lo venimos intuyendo, pero la Auditoría General de la Nación lo manifiesta claramente en duros términos censurando aspectos centrales vinculados a la sustentabilidad del régimen previsional en una perspectiva de mediano y largo plazo.
Reconforta leer un editorial que defiende nuestros derechos, pero entendemos que ello no basta. El periodismo, todos los medios, no deben solamente difundir esta verdadera tragedia, están obligados dentro de la sociedad a "exigir" la adopción de medidas extremas como la intervención inmediata de un organismo corrupto que, traicionando su función previsional, se ha transformado en un agente financiero del Estado.
Sufrimos el maltrato y la desconsideración del Gobierno porque ya estamos en el período de la vejez, no somos útiles a sus propósitos, no tenemos fuerzas, no podemos obviamente hacer huelgas, no tenemos otros recursos que puedan ayudarnos a llamar la atención de una sociedad sorda y egoísta.
Los años que hemos trabajado para el engrandecimiento del país, aportando además, de nuestros haberes, el dinero necesario para asegurar nuestra vejez, la experiencia ganada que nos da bondad y sabiduría, todo es vilmente despreciado por una generación ambiciosa y corrupta. Es la triste verdad que venimos afrontando"
Los mismos conceptos y argumentos pueden formularse hoy día con el agregado de algunas nuevas situaciones que fortalecen nuestra posición. La otorgación de fraguadas jubilaciones a extranjeros de países limítrofes, en cantidades superiores a por lo menos 15.000, paraguayos, bolivianos, peruanos, con fines electorales por el anterior gobierno recién sale a relucir, por motivos accidentales, cuando era sabido por un núcleo de periodistas que lo publicaron por canales televisivos. Anses se limitó a comunicar hace poco tiempo sobre la cancelación de alrededor de 5 mil de esa jubilaciones, pero no dio ni el gobierno le exigió explicaciones acerca de una enorme falsificación de documentos públicos que, de haberse realizado auditorías, hubieran surgido hace mucho tiempo. 
No sabemos si se han tomado medidas de la investigación de culpables o denuncias ante la justicia, lo cual constituye una prueba elocuente de la impunidad de que hablamos.
Ahora surgió una denuncia de corrupción sumamente grave contra Anses presentada por la legisladora Graciela Ocaña y que publicamos ayer bajo el título "Insistimos con Anses" y dijimos:
"Debemos continuar con todas las informaciones y reclamos que inundan las redes sociales y son ignoradas por toda la sociedad y los medios periodísticos, respecto a las injusticias que se cometen diariamente a los jubilados por las tenebrosas catacumbas de Anses.
La legisladora Graciela Ocañan ha dicho recientemente que la Anses kirchnerista financió obras que terminaron en sobornos, por más de 16 millones de dólares y del libramiento de estos sobornos por parte de Odebrecht a partir del financiamiento que hacía el propio Anses.
Que fue durante la gestión de Diego Bossio en los año 2010 y 2011 que se financió parte de estas obras que terminaban pagando sobornos a funcionarios argentinos.
Por mi parte le informo a la distinguida legisladora que no debe ignorar el plan sistemático de impunidad de que goza el organismo en el anterior gobierno y en el actual, como lo hemos denunciado en más de quince escritos dirigidos al director de Anses, al jefe de Gobierno y a los principales medios del país.
Por órdenes superiores, Basavilbaso. el sucesor de Bossio, aceptó la transferencia del organismo sin ninguna auditoría ni investigación. Recibió Anses en el más sigiloso silencio, en reconocimiento al pase de 12 legisladores a proyectos del gobierno en la legislatura que dispuso su antecesor. Un convenio espurio que se mantiene actualmente. Nobleza obliga.
En lo sucesivo continuó la misma política de un manejo turbio en perjuicio de los jubilados que tantas veces le hemos reprochado sin ninguna respuesta ni acuse de recibo.

domingo, 22 de abril de 2018

CARTA PREMONITORIA


Una carta que debo recordar

El 22 de abril, justo hace tres años, mi amigo Benito me enviaba desde Israel la carta abierta al vicepresidente de la DAIA que reproduzco a continuación. Lo hago porque lo considero un documento de gran valor por la claridad de sus conceptos que fueron premonitores del gran juicio incoado hoy en día contra la expresidente de la Nación- Es un premio a tu lucha, querido amigo. Y hoy. Casualmente es la segunda carta de tu autoría que publico. La anterior referida a otra de nuestras luchas en defensa de los jubilados.

Silvio Pedro Pizarro

OTRA CARTA DE MI AMIGO (incansable)
CARTA ABIERTA AL VICEPRESIDENTE DE LA DAIA

Estimado Waldo Wolff
Enterado por los medios de que la Sra Presidenta por intermedio de su habitual sistema de twitter, no acorde a su investidura, se ha permitido antes de su viaje a Rusia , *ningunear* una vez más a el Fiscal Nisman (qepd), atribuyendole su condición de *buitre* y complice de fondos financieros Internacionales, e incluyendo a la Comunidad Judía Argentina, es que me veo obligado a expresarme a traves de la presente.
Soy argentino y orgulloso judío, y no puedo permitir que se viertan palabras libremente no ciertas respecto de alguien que está muerto en condiciones dudosas y no se puede defender y que casualmente investigaba a lo más alto del Poder y otros más del entorno; y menos a una Comunidad que del vamos se expresó que el Memorandum con Irán por el atentado de la AMIA, que está por cumplir 21 años , era totalmente carente de una lógica realidad constitucional, y así fue como fue declarado Inconstitucional, y apelado hace más de un año y aun sin fallo definitivo.
No puedo permitir que se de rienda suelta a expresiones volviendo a expresar que dicho Memorandum es lo mejor para la solución de continuidad de la investigación.
Y menos no puedo permitir que se quiera negociar con un País como Irán que hace pocas horas en los festejos de su Independencia, llamó a todos sus potenciales amigos a destruir al Estado de Israel.
Cada Judío desde su lugar en el Mundo, dará a conocer su bronca si este Memorandum se lo quiere reflotar y si la continuación de la investigación por la muerte del Fiscal, como asimismo si no se da curso a la investigación por él denunciada y refrendada por otros Fiscales posteriormente.
De Justicia Legitima esto no tiene nada!!!!
Estimado Waldo, a horas del Día de la Independencia de Israel numero 67, le solicito encarecidamente no demos el brazo a torcer, ya que se esta deteriorando las relaciones con la Comunidad Judía Argentina, y los Judíos del Mundo.
Nunca más otra SHOA!!!!
Atte
Beni Cotler

INSISTIMOS CON ANSES


Debemos continuar con todas las informaciones y reclamos que inundan las redes sociales y son ignoradas por toda la sociedad y los medios periodísticos, respecto a las injusticias que se cometen diariamente a los jubilados por las tenebrosas catacumbas de Anses. 
La legisladora Graciela Ocañan ha dicho recientemente que la Anses kirchnerista financió obras que terminaron en sobornos, por más de 16 millones de dólares y del libramiento de estos sobornos por parte de Odebrecht a partir del financiamiento que hacía el propio Anses.  
Que fue durante la gestión de Diego Bossio en los año 2010 y 2011 que se financió parte de estas obras que terminaban pagando sobornos a funcionarios argentinos.
Por mi parte le informo a la distinguida legisladora que no debe ignorar el plan sistemático de impunidad de que goza el organismo en el anterior gobierno y en el actual, como lo hemos denunciado en más de quince escritos dirigidos al director de Anses, al jefe de Gobierno y a los principales medios del país.
Por órdenes superiores, Basavilbaso. el sucesor de Bossio, aceptó la transferencia del organismo sin ninguna auditoría ni investigación. Recibió Anses en el más sigiloso silencio, en reconocimiento al pase de 12 legisladores a proyectos del gobierno en la legislatura que dispuso su antecesor. Un convenio espurio que se mantiene actualmente. Nobleza obliga.
En lo sucesivo continuó la misma política de un manejo turbio en perjuicio de los jubilados que tantas veces le hemos reprochado sin ninguna respuesta ni acuse de recibo.
Hoy acabo de recibir un mail de un amigo argentino residente en Israel que desde tan lejanas tierras sigue impacientemente el proceso de su jubilación en el país y cuya sola lectura nos da la pauta de la realidad que se vive, más conocida en el exterior que en nuestro propio país. La reproduzco a renglón seguido para el conocimiento de mis numerosos y sufridos lectores.


"Estimada Clara Salguero

He visto su ultimo programa de los sabados por America 2 a las 12 hs, y con la gran sorpresa que la visitaba el Lic. Basavilbaso
o sea el Director Gral de ANSES, y el que tiene en sus manos
la vida y la muerte de millones de Argentinos.
Todo el programa simulaba que no era algo espontáneo, sino que estaba todo preparado con miras electorales.
Contésteme por favor por este medio algunas preguntas :
¿Por qué no se invito a jubilados para que Basavilbaso pudiera contestar?
¿Por qué no abrieron una linea telefónica para que los caranchos pudieran hacer preguntas por ese medio de comunicación?
¿Sabe Ud que en diciembre de 2017, mas de tres millones de jubilados con la mínima entraron en la linea de pobreza?
¿Y Que ellos aún no llegan a $ 8.000?
¿Sabía Ud que a los beneficiarios de ANSES, que trabajaron mas de 30 años en Argentina, y residen en el exterior, ANSES les descuenta con destino a PAMI, como si estuvieran en Argentina, sabiendo que no utilizan ni utilizarán los servicios?
¿Sabía Ud que la Reparación Histórica, aún no ha terminado de reparar valga la redundancia, los juicios pendientes , y algunos de los reclamantes se fueron muriendo, y hay casos con más de 15 años y con sentencia?
No quiero continuar y cansarla, sólo deseo que me conteste, ya que Basavilbaso no contesta los mails, ni responde a los TE!
Quiero verificar si Ud es un signo de transparencia, ya que todos tenemos derecho a vivir o subsistir.Gracias"
Beni Cotler


PD. con su llegada directa, Ud podría conseguir para tres jubilados una entrevista con Basavilbaso, pero con él.Gracias

sábado, 21 de abril de 2018

¡FUERA DE UNASUR!


RETIRO DE UNASUR
Que sea definitivo. Hace años que lo venimos solicitando. Ver uno de los artículos en “Habla la Experiencia”

domingo, 15 de marzo de 2015
UNASUR ATACA


Saltó Unasur que estaba agazapada esperando una oportunidad. Se la brindó EE. UU. tras la reciente declaración contra Venezuela. Es importante tener en cuenta la total inoperancia de este organismo cuyo última solución a los problemas regionales consistió en erigir una gigantesca estatua a Néstor Kirchner en Quito, con la imposición de su nombre al edificio que ocupa. Ratifica mi opinión cada vez más acertada. "El genuino y probado motivo de su existencia es la mutua protección destinada a atornillar en sus cargos a perpetuidad a los líderes mandatarios populistas chavistas, kirchneristas, cristinistas, bolivarianos. Así lo deslizó sin tapujos la Presidente Cristina durante la reunión en Ecuador. Destacó el rol del bloque regional en conflictos como “el golpe contra Evo Morales en Bolivia”. “Esta construcción tiene también construcciones previas como cuando en Buenos Aires nos convocamos para defender el gobierno de Rafael Correa que quiso ser derrocado por un golpe suave”, sostuvo, y recordó “cuando detuvimos un enfrentamiento por la soberania de Ecuador en Santo domingo”. A confesión de parte, relevo de pruebas.

Ahora le toca a Maduro, mañana será Correa, luego vendrá Cristina y así sucesivamente. A Unasur no se le conoce solución alguna a los problemas de la integración latinoamericana y su declinación alertaba sobre su posible disolución. ¡Gracias Obama! gritan todos alborozados en defensa del populismo bolivariano en decadencia.

Ni siquiera por delicadeza Unasur ha disimulado el propósito real de su funcionamiento que, repetimos, es el de la defensa y protección personal de sus mandatarios enquistados en el poder. El contemplativo y sumiso periodismo latinoamericano jamás ha hecho mención a esta realidad que surgía con claridad indiscutible, tras la finalización de las reuniones denominadas "cumbre" cuyos documentos finales eran meros discursos de proselitismo populista y sin ninguna decisión de importancia relacionada con la integración tanta veces declamada. Puedo preguntar y nunca tendré respuesta, cuándo Unasur se  convocó de urgencia en momentos de emergencia por terremotos, inundaciones y otros desastres naturales que azotaron a la región. Era esa su misión humana de ayuda a los países y poblaciones, y no a los líderes en peligro de "inestabilidad". ¡Cuándo se ha reunido para la defensa de los derechos humanos permanentemente avasallados, como justamente está sucediendo en Venezuela!. ¡Cuándo expresaron taxativamente su rechazo a los ataques a la libertad de prensa y de pensamiento, como la agresión física y moral a periodistas independientes que ellos tildan de desestabilizadores.

Un millón de pesos pagó el Gobierno por la estatua de bronce de Kirchner, donada al Unasur para su ubicación en la ciudad de Quito.
Mide más de dos metros, avanza con su brazo en alto, tenue sonrisa, el saco desabotonado y la corbata al viento.
Analicemos este hecho histórico desde varios puntos de vista. El primero, es insólito y desconcertante que una Presidente en ejercicio ordene la ejecución de una estatua de bronce de un presidente, recientemente fallecido y que fuera su esposo; que por un pedido especial le solicite al escultor que lo muestre sonriente. Con el mismo artista había anteriormente levantado otra estatua en Rio Gallegos; que los gastos corran por cuenta del Estado.
El segundo,confirma mis opiniones vertidas sobre el Unasur en cuatro artículos anteriores de que este organismo, desde su creación, está lleno de discursos altisonantes, promesas de realizaciones, halagos y homenajes entre sus miembros. Y así presenciamos este increíble y extravagante homenaje.
El tercero, el costo desmesurado de estas insustanciales y vacuas reuniones cae sobre los pueblos engañados, que esperan realizaciones y soluciones a sus problemas de salud, de educación y de mínimo sustento.
He comentado en siete artículos de mi blog "Habla la Experiencia", donde pueden leerse, las últimas reuniones "cumbre" del Unasur, como del Mercosur. Ellas son de fechas 5/12/14, 6/12/14, 9/12/14, 11/12/14, 27/12/14, 29/12/14, 6/1/15. 

viernes, 20 de abril de 2018

ATENCIÓN JUBILADOS


En nuestro artículo "Jubilados- Atención", del 16 de abril decíamos que hay más de 200.000 juicios con sentencias en firme que el gobierno se deshonra al no pagar . Consciente de esta gravísima situación que alguna vez tendrá que afrontar, advertíamos que busca ahora la aplicación de una acordada de la Corte Suprema para rebajar escandalosamente su deuda. Pero por ese medio comete un delito sin precedentes, desde el momento que aplicaría en forma arbitraria e inconstitucional la retroactividad en el modo de calcular los montos adeudados con una fórmula posterior a la que viene rigiendo en esos juicios desde hace varios años. 
Todo conduce a no pagar las sentencias judiciales, que convierte al gobierno en "deudor moroso" y en reducir arbitrariamente los haberes jubilatorios y las retroactividades, lo que convierte al gobierno en "ladrón
Como ha sucedido en otras oportunidades, esta información fue tildada de alarmista, posiblemente porque no fue anoticiada en ningún medio periodístico importante.
No hemos respondido a estas críticas, que suponemos bien intencionadas, y dejamos que los acontecimientos se fueran produciendo, conforme a nuestro responsable pronóstico.
En el día de la fecha nos encontramos con un autorizado artículo de la abogada Andrea Falcone, publicado en "Ámbito. com" y reproducido en el informativo de "jubilados aportantes," que viene a ratificar nuestra opinión. 
Andrea Falcone
Se estima que en la actualidad se tramitan unos 300.000 juicios previsionales, con una demora de ocho años promedio en lograr el cobro. 
“Lo que queda claro es que no hay una intención de cancelar el pago de los juicios. Mientras ANSES y el Gobierno presionan a la Corte Suprema para que falle en contra de los jubilados, cambiando el índice de ajuste para pulverizar sus reclamos, vemos que tienen el dinero para cancelar todos los juicios”, sostuvo la abogado en diálogo con este medio.
Según aclaró la especialista, la prioridad debería ser “honrar la deuda con los jubilados, de quienes en definitiva es el dinero de ese fondo”
“No corresponde que presten dinero a provincias y a beneficiarios de subsidios y asignaciones familiares hasta que no hayan pagado los juicios de reajustes, salvo que estén especulando con que los jubilados se mueran sin cobrar o la Corte cambie el criterio sorpresivamente”, alertó.
Una coincidencia total con nuestro artículo
Un análisis de la abogada previsional Andrea Falcone asegura que si el Gobierno nacional destina la rentabilidad neta de 12 meses del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) se podrían pagar todos los juicios por reajuste de haberes a los jubilados
Con los datos informados de la Cámara Federal de Seguridad Social sobre los nuevos juicios y los saldos atrasados, se puede estimar que al día de hoy el Estado nacional adeuda a los abuelos unos $ 106.076 millones.
Este informe de la doctora Falcone adquiere mayor gravedad si volvemos a diciembre del 2017, fecha en que el gobierno tomó. sin anestesia, mil millones de pesos para cubrir el déficit fiscal y otra cantidad similar, en concepto de préstamo, de la caja de jubilaciones.
La impunidad de Anses es uno de los misteriosos arcanos del
gobierno. Nunca fue investigada, ni intervenida, ni auditaba. Cumple ritualmente el proceso de no pagar los juicios a los jubilados.
¿Será que se ha modificado sigilosamente la Constitución
Nacional? Es posible que una cláusula secreta autorice al Poder Ejecutivo para desobedecer las leyes cuando se trata de cumplir obligaciones de orden monetario. De otra manera, no se comprende la abierta impunidad de que goza, malgrado la copiosa jurisprudencia, los tratados jurídicos y los Colegios de Abogados en el país diseminados, que no reaccionan.
Esta situación es sumamente grave y por eso reiteramos nuestra preocupación por el silencio de tratadistas, periodistas, legisladores y juristas, que quizá en forma inadvertida se convierten en cómplices de esta tremenda injusticia. Al propio tiempo, nuestro agradecimiento a la doctora en derecho previsional, Andrea Falcone, por el franco apoyo que presta al esclarecimiento de la misma, con su intervención en defensa de los jubilados.

jueves, 19 de abril de 2018

LICENCIA PARA MATAR

Un excelente artículo del reconocido periodista rosarino, Carlos Viana, que comparto con mis lectores. Su título y su transcrpción:

LICENCIA PARA MATAR

“El fin de esta institución (el Estado) es la paz y defensa de todos”. Thomas Hobbes.

Sin derechos humanos

Leandro Alcaraz había cambiado su turno y manejaba un colectivo el domingo para asistir al cumpleaños de su hijita el lunes. Trabajando arduamente horas extras había construido su casa para vivir con su familia. Un menor de 17 años y otro de 18 lo asesinaron de dos balazos, simplemente porque él les había cuestionado que no podían viajar sin pagar. La verdad absoluta, es que si estos asesinos hubieran estado arrestados, no habrían podido matar y por su comportamiento todo indican que deben tener antecedentes o al menos haberse deformado en una cultura criminal.

Un proyecto desechado

Muchos asesinatos se han sucedido en el país, desde que hace mas de un año el gobierno nacional, tuvo la iniciativa de bajar la edad de imputabilidad haciendo una ley que pusiera en la cárcel o en un instituto especial, a los menores delincuentes y previnieran que cayeran en la delincuencia. La Comisión Episcopal Argentina, inspirada por su Santidad, se opuso, diciendo que era discriminar a los pobres, que esto se iba a solucionar terminando con la pobreza, olvidándose que hay mas delincuentes entre los ricos que entre los pobres y que si es cuestión de esperar que a largo plazo se solucionen los problemas de los mas postergados, falta una largo lapso para ello, ya que desde que apareció el Homo Sapiens hace 150.000 años, desgraciadamente la pobreza ha existido. Cuidado porque involuntariamente están justificando la violación del 5to. Y 7mo. Mandamientos de la ley de Dios, “No Matarás” y “No Robarás”, respectivamente y si la Iglesia que debe evangelizar sobre la bondad no lo hace, deja una función imposible de llenar.
Cuando dije cultura criminal, no pobre y esa cultura criminal se reforma evangelizando. Excelencias de la Comisión Episcopal Argentina y Santo Padre, esta función es vuestra función divina, evangelizar, no, hacer política y encima no precisamente alta. La Teología de la Liberación que ustedes contemplan, no es teología sino ideología del odio.

Las soluciones mágicas

Sin embargo es llamativo que ni siquiera presentaron un proyecto alternativo. Dejaron así a la población honrada, pobres, y ricos a merced de delincuentes, que si hubiera mediado una ley no podrían haber matado si tenían antecedentes y podría haber prevenido que los menores cayeran en la delincuencia. El asesino que está adentro, mientras dure el periodo de prisión no puede matar.
La Comisión Episcopal, los organismos de derechos humanos, los jueces y doctrinarios como Zaffaroni, su amigo Gil Laavedra y otros, buscando una solución utópica, han sido funcionales a cientos de asesinatos, producidos desde entonces a lo largo del país. Desde que llego este régimen que algunos llaman democracia alrededor de 40.000 ciudadanos fueron asesinados.
El Estado inútil
Hobbes destacó que la principal función del Estado es garantizar la seguridad de sus integrantes. Sin esta función el Estado tiende a transformarse en algo inútil, pero en nuestro caso, además bajo la presión de los llamados organismos de derechos humanos, de jueces y de políticos que garantizan la impunidad de los delincuentes.
Seguimos viviendo en un Estado en que muchísimos no tienen derechos humanos, mientras que otros tienen licencia para matar.

COMENTARIO
Mi comentarios son el elogio de la verdad y sinceridad allí expuestas, que constituyen la verdadera razón de ser de un gobierno democrático. El garantismo, el igualitarismo, el inclusivismo, el exclusivismo y la valiente individualización de los profetas de la anomia, Zaffaroni y Gil Lavedra, son los elementos necesarios para denunciar una política permisiva que nos sigue conduciendo a la desintegración de la sociedad.

Como bien dice el autor, citando a Hobbes, la principal función del Estado es garantizar la seguridad de sus integrantes. Sin esta función, el Estado tiende a transformarse en algo inútil, pero en nuestro caso, además, bajo la presión de los llamados organismos de derechos humanos, de jueces y de políticos que garantizan la impunidad de los delincuentes.


miércoles, 18 de abril de 2018

LA DIVINA COMEDIA - 2da. parte




Ayer, 17 de abril de 2018, publicamos:

Silvio Pedro Pizarro

Eres una mujer joven Paula y has escrito un buen artículo periodístico, pero no es ninguna novedad ni me resulta sorprendente. Entre los años 1978 y 1982 he conocido en ciudades de Europa, varios “desaparecidos”que manifestaban libremente la falsedad de su condición, aleccionados por las ONG izquierdistas y Amnesty International para simularlo, pues a mayor cantidad, se obtenía mayor indemnización y ayuda financiera de los países nórdicos socialistas que eran engañados y sorprendidos en su buena fe.
Muchos habrán muerto, pero todavía algunas estarán dando vueltas por rincones lejanos, como los octogenarios de tu interesante nota.

"El científico del Balseiro le contó a un ex compañero que su hermana tampoco está desaparecida
Se lo reveló a Peter Thieberger, que habló con él tiempo atrás. Antonio Gentile le dijo también que dejó la ciencia y que tiene una empresa en Manhattan".
CLARIN.COM.


Hace cuatro años escribíamos en nuestro blogspot lo siguiente:

Silvio Pedro Pizarro
13 de marzo de 2014

NO CREE EN DIOS PERO ES
CREYENTE DE LOS DÓLARES

La Jueza atea Carmen Argibay, miembro de la Corte Suprema de Justicia, es un botón más de la muestra de corrupción imperante en el pais. Su religión son los dólares mal habidos. Deben haber 30.000 clones de esta ilustre "magistrada".

Lo más llamativo es, sin ninguna duda, que la Jueza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Carmen Argibay, figura en el libro Nunca Más y como tal cobró la indemnización.
Argibay percibió por ser “desaparecida” la nada despreciable suma de u$s 650.000, si, leyó bien, seiscientos cincuenta mil dólares por figurar como desaparecida; pero lo que resulta realmente inaudito es cómo una persona puede cobrar una suma semejante por estar desaparecida cuando no lo está, y que, además, es juez de la nación,La siguiente pregunta es, ¿cuándo se va a decidir a devolver los u$s 650.000 que cobró por estar “desaparecida”?
Sucede que los cobró por estar erróneamente desaparecida, y como podemos apreciar, no lo está. Cuando le hicieron ver el error dijo: “estoy pensando cómo devolverlos”.
Sin palabras.

Hace más de un año decíamos:

13 de marzo de 2017

Con razón el batuta de los Derechos Humanos, Claudio Avruj, distinguido miembro de la quinta columna desestabilizadora del gobierno, insiste frenética y tozudamente en reconocer como simbólica, aunque más no sea, la cifra de los 30.000 desaparecidos.
Como se comprenderá, con motivo de la obligada publicación de la lista y cifras pagadas a los desaparecidos, nuestro amigo Avruj se las estará viendo en figurillas. Si una ministra de la Corte que últimamente se ha negado a renunciar por su edad, se apropió de la menuda cantidad de u$s 650.000 y está haciendo malabares “para no devolverla”, ¿Cuántos problemas tendrá que enfrentar Claudio Avruj con su cifra simbólica de 30.000? El resultado nos lleva a la cifra de u$s 19.500 millones que ha sido pagada al terrorismo setentón. Lápiz y papel señor Secretario y al trabajo.
Estamos actualizando noticias escabrosas, el tiempo apremia y los archivos no mienten.

Hoy, 18 de abril de 2018, decimos:

¿Hasta cuándo seguiremos con el relato de estas mentiras? Estamos atrapados por un gigantesco lavado de cerebro y tras más de doce años no conseguimos reaccionar como gente razonable, culta y civilizada. El primer atrapado es nuestro presidente Mauricio Macri que parece sufrir el síndrome de Estocolmo, luego de su rapto en la época siniestra de los 70. Sus curadores. al mando de Avruj no cejan en su intento de mantenerlo en una catarsis donde debe justificar piadosamente el accionar de los "jóvenes idealistas". Si hasta flores derrama en su honor en compañía de sus invitados colegas extranjeros que, por diplomática cortesía, acceden al acto ritual frente al Museo de la Memoria y al Río de la Plata.
Dante Alighieri tendría una Segunda Divina Comedia en su mente y en sus manos, si resucitara en nuestra querida ciudad de Buenos Aires.

lunes, 16 de abril de 2018

JUBILADOS ¡ATENCIÓN!

Hay una situación muy grave que el jubilado debe saber y es quizá el capítulo más silencioso de la maldita herencia recibida del kirchnerismo. Se trata de la tremenda deuda pública que el Estado enfrenta ante más de dos millones de juicios en tribunales federales por una cantidad prevista de más de 37 mil millones de dólares, cifras monitoreadas por el organismo SIJEI. 
Lo curioso es que en esta cifra se cargan los procesos de todas las dependencias públicas, menos los de Anses y Afip. que van por separado en dos grandes núcleos.
Es probable que la separación se deba a que los juicios contemplados en la fuerte suma tienen un gran porcentaje de juicios"contingentes", es decir que no se puede predecir el resultado de los mismos y hay una estimación, mientras que los que corresponden a Anses, se deben dar por perdidos por las circunstancias ya conocidas. Se obliga al litigio para la pérdida de tiempo que demore o directamente elimine el pago. Tan es así que en el cálculo del presupuesto nacional ya se prevé una suma considerable que, en realidad resulta figurativa porque el Estado no paga los juicios. 
La preocupación del gobierno por este enorme déficit fiscal es el motor que lo lleva a resolverlo, en gan parte, con los fondos de la caja de jubilaciones.
"Se produjo el hecho insólito, que tanto Anses como la Corte Suprema se unieron para reducir el monto de las jubilaciones con la finalidad  de atender el ajuste de gastos exigido por el Poder Ejecutivo como lo prueba la adhesión del director Basavilbaso a la ley de la Reforma Previsional y el silencio del alto tribunal.
Ahora ante las conversaciones que trascendieron del ministro de Justicia con la Corte Suprema, traemos a colación un editorial del diario La Nación de agosto de 2013 que se refiere al saqueo a los jubilados  por parte del kirchnerismo, que hoy es válido para el gobierno de Cambiemos. El editorial dice con respecto al trato dado a los jubilados:
"Más allá de las calificaciones penales que puedan caber, es una crueldad inhumana incompatible con un gobierno que se dice defensor de los derechos humanos".
Esas conversaciones tienen relación con la conocida intencionalidad del Ejecutivo para que se adopte el índice de la reparación histórica (RIPTE) que se estableciera en la ley de mismo nombre, en reemplazo de la actual (ISBIC) lo cual como sabemos disminuye notoriamente los haberes y las retroactividades. Los jueces y las Salas de Previsión se han resistido a estas intenciones que Anses viene exigiendo por medio de apelaciones realizadas al por mayor, pero alguna de ellas han llegado como recursos extraordinarios de la Institución y las tiene en consideración la Corte Suprema. De ahí la presión del Ejecutivo sobre el poder Judicial.
El asunto adquiere una gran importancia, pues la modificación en la fórmula de cálculo jubilatorio redundaría en una millonaria suma a recaudar por el gobierno, en perjuicio de los haberes de la clase pasiva que causaría un mayor deterioro en las ya gastadas economías de mas de seis millones de jubilados. lo cual ya fue denunciado en nuestra columna del 9 de octubre de 2017, bajo el título "La Corte y Anses - Estafa"
Esto es así señores, por cuanto hay más de 200.000 juicios con sentencias en firme y que el gobierno se deshonra al no pagar . Consciente de esta gravísima situación que alguna vez tendrá que afrontar, busca ahora la aplicación de una acordada de la Corte Suprema para rebajar escandalosamente su deuda, pero por ese medio comete un delito sin precedentes, desde el momento que aplicaría en forma arbitraria e inconstitucional la retroactividad en el modo de calcular los montos adeudados con una fórmula posterior a la que viene rigiendo en esos juicios desde hace varios años. 
Todo conduce a no pagar las sentencias judiciales, que convierte al gobierno en "deudor moroso" y en reducir arbitrariamente los haberes jubilatorios y las retroactividades, lo que convierte al gobierno en "ladrón"
Lo que estamos señalando es muy grave y  nos preocupa el silencio de tratadistas, periodistas. legisladores y de miembros del poder judicial que no pueden ser cómplices de tamaño delito de lesa humanidad, esta vez lo es.

viernes, 13 de abril de 2018

LA DOCTORA SILVIA MARCOTULLIO Ex Juez de Cámara de la Provincia de Córdoba


                                                                                                         

La vigencia que adquieren los términos de una carta admirable que la exjuez de Cámara, renunciante, Silvia Marcotullio, le dirigió, con suaves reproches, a sus colegas el 14 de abril de 2016, nos ha motivado para transcribirla íntegramente en nuestro blog. el 11 de septiembre de 2017, en el cual expresábamos que llama la atención el lenguaje coloquial empleado en la carta, que la hace entendible y le da un sentido sencillo, despojada de tecnicismos innecesarios. 
Luego de esta frase: "Haré una comparación entre el modo de administrar justicia para los imputados de delitos de lesa humanidad por hechos de la década del 70 con la manera que lo vienen haciendo con la desenfrenada corrupción kirchnerista, desarrolla cuatro puntos explicativos y un colofón que habla de su franqueza: "El asunto es, señores jueces, que cuando se pierde la vergüenza que es el caso de muchos de ustedes, es difícil recuperarla.
Colofón:
"El tema de los PP es hoy una tragedia que lleva 349 muertos en cautiverio a los que se les ha adelantado dolosamente el final por las condiciones ignominiosas de detención de gerontes de hasta 94 años de edad. con juicios viciados en su origen por la ilegalidad y sentencias condenatorias sin otras pruebas que testimoniales producidas 30 o 40 años después de los sucesos. 
Los poderes públicos deberán resolver el asunto, otra pesada herencia del kirchnerismo, sin demora, so pena de quedar enredados en algún grado de complicidad de la cual no puede librarlos aquel "dejaremos a la justicia", sencillamente porque los que la administran, los jueces federales, son parte del problema. En cuanto a los juicios por corrupción que parece que se avecinan. tengo mis dudas. 
El asunto es, señores jueces, que como dije, si se pierde la vergüenza, que es el caso de muchos de ustedes. es difícil recuperarla. Cuando en estos días se los ve tan activos en los procesos a los corruptos, que tuvieron paralizados o semiparalizados por años, hay que discernir si fueron tocados por el Espítitu Santo o simplemente se mueven al socaire de los nuevos vientos, lo que tampoco sería recto. Como católica. obligada a cultivar la virtud de la esperanza, prefiero creer lo primero. Así sea".
La doctora Marcotullio ha escrito varios trabajos jurídicos relacionados con su digna profesión, de los cuales me permito rescatar su opinión sobre los organismos americanos de Derechos Humanos que coincidentemente concuerda con los artículos publicados-en este blogspot "Habla la Experiencia."
En principio, expresa que "el escándalo producido por la actividad política interna de Raúl Zaffaroni siendo miembro de la Corte IDH ha puesto sobre el tapete el papel que vienen jugando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una materia tan cara  a la sensibilidad  y el interés de los países miembros. Respecto de estas instituciones a las cuales tenemos sujeción por convenciones internacionales (en rea-lidad menor a la que luego, en nuestro perjuicio como país, interpretaron nuestros propios poderes gubernamentales), parece que ya es hora de que se reconsidere la conveniencia de nuestra pertenencia a esos organismos. 
Desde su origen estos organismos fueron cooptados por una camarilla ideologizada de la izquierda que se realimenta a sí misma, gracias a su predominio en la Asamblea de la OEA que es la que elige los miembros de aquéllas de un universo de personajes propuestos por los Estados miembros; resultando imposible determinar con certeza el criterio de selección y por los resultados a la vista, solo nos queda suponer razonablemente que pertenecen a la misma camarilla. De modo tal que, de hecho y de derecho, el ciudadano argentino queda sometido a los dictados de ambos organismos extraños al sistema argentino
Es proverbial la parcialidad con que se vienen conduciendo esos organismos del sistema interamericano según sea el asunto sometido a su consideración. Como muestras de lo dicho, relacionadas a nuestro país, se ponen en evidencia dos casos patentes: el tratamiento dado a las cientos de denuncias por violación de derechos humanos en los “juicios de lesa humanidad”, las cuáles sistemáticamente son desechadas o dilatadas in eternum por la exasperante largueza en su tratamiento. Por lo contrario, cuando se ocuparon de Milagro Sala y Santiago Maldonado, diligentemente, en horas, ya se encontraban planteando exigencias al gobierno argentino para el tratamiento del asunto, a lo que éste se sometió -también- diligentemente. Por estos días, ha habido una profusión de opiniones con relación a las inapropiadas expresiones de Eugenio Zaffaroni. Al respecto, he leído sobre una solución que proponen algunas personas cual es gestionar su exclusión del tribunal internacional por considerarlo indigno de pertenecer a él. Creo que parten de una premisa equivocada: la bondad del organismo. El asunto es a la inversa, este personaje se asentó en la Corte Interamericana a los pocos meses de dejar su puesto en la Corte Suprema argentina, precisamente por sus condiciones personales que, dicho sea de paso, pareciera que los políticos y medios de comunicación argentinos recién están descubriendo. 
A esta altura aparece conveniente -pruebas en mano, y por lo tanto sin temor a posibles represalias internacionales- en un gesto de recuperación de una soberanía alicaída, que el Estado considere seriamente denunciar esos tratados que nos ligan a esos organismos tan perjudiciales para el país".
Acérrima defensora de los derechos humanos en todos los campos, sin discriminación de ninguna naturaleza, ha escrito varios artículos sobre los juicios de lesa humanidad que se llevan a cabo contra militares y civiles, afirmando la ilegitimi-
dad de los mismos. Ha completado las bases y fundamentos 
de su opinión, en su último trabajo, bajo el título "Breves reflexiones sobre una inquietud: Continúa la comisión de delitos de lesa humanidad por parte de los poderes Ejecutivo  y Legislativo." 
Es un valioso documento que merece su difusión pues es el resultado de una experiencia de muchos años vividos en la práctica diaria de la judicatura abonados por su especializa- 
ción en el Derecho Penal. 
Recomendamos la lectura de este documento elaborado por la doctora Silvia E. Marcotullio haciendo click en el siguiente
enlace:

https://silviopedropizarro.blogspot.com/2018/04/breves-reflexiones.html
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jueves, 12 de abril de 2018

BREVES REFLEXIONES

Breves reflexiones sobre una inquietud: Continúa la comisión de delitos de lesa humanidad por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
SUMARIO:
1) INTRODUCCIÓN.
2) ANTECEDENTES.
3) LOS HECHOS DESDE EL 10 DE DICIEMBRE DE 2015.
3.1) Prevaricando.
3.2) Dictando sentencias fraudulentas.
4) EL DERECHO:
4.1) Acotación del tema.
4.2) Concepto de acción, omisión y comisión por omisión.
4.3) Conducta delictiva de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
5) LA PRUEBA DE ESA CONDUCTA DELICTIVA:
5.1) La (no) aplicación del “2x1”.
5.2) La mentira y el escamoteo de la información como método.
5.3) La continuación del Estado en el rol de querellante.
5.4) La intervención directa del Poder Ejecutivo en los juicios.
5.5) El plan nacional de DDHH.
6) LA RESPONSABILIDAD DE LAS MÁXIMAS JERARQUÍAS DE LAS FFAA.
I) INTRODUCCIÓN:
A mediados del año 2015 publiqué una monografía que circula libremente por internet, de edición propia1, donde intenté demostrar que desde 2.003 en adelante, en un concierto delictivo de los tres poderes del Estado -presidentes de la República, legisladores oficialistas y opositores y jueces y fiscales federales, del que quedaron afuera contadísimos agentes públicos con competencia en el asunto- cometieron delitos de lesa humanidad contra un colectivo social perfectamente identificado constituido por militares, fuerzas de seguridad, varios civiles y algunos eclesiásticos, unidos todos por la condición de haber participado en alguna forma en la lucha subversiva del período 1976/83. Aunque luego, aisladamente, se juzgó durante el actual gobierno como crimen
de lesa humanidad, el Operativo Independencia, hecho de 1975, al que más adelante me referiré por sus particulares connotaciones.
Hoy excluyo de este análisis a los miembros del Poder Judicial que, en la medida de la responsabilidad personal de cada uno, están hasta la fecha en el mismo quehacer criminal y no hay razones para volver sobre el punto porque sigue explícito y por las mismas causas. Este ensayo estará enfocado a demostrar desde una hipótesis estrictamente jurídica, sobre si el presidente desde el 10 de diciembre de 2015, sus ministros competentes y los legisladores desde esa fecha con el grado de participación que corresponda a cada uno, han incurrido y siguen incurriendo en el mismo tipo de delitos.
Se trata de poner en evidencia que el hecho de no hacer cesar inmediatamente con los remedios legales y constitucionales que les otorga el sistema institucional aquella persecución ilegal, inconstitucional y contraria a las convenciones internacionales vigentes iniciada en el régimen anterior, sigue haciendo de sus víctimas (ya de este período gubernamental) presos políticos y de sus muertos homicidios con dolo directo o eventual, según el caso. En tal tesitura, de resultar delitos los hechos cometidos por el actual gobierno en ejercicio del poder desde el 10/12/15, por las razones que dimos en el trabajo anterior y que sintetizo en el punto 2) ANTECEDENTES que sigue, la conducta de los funcionarios actuales, de los estamentos señalados, estaría contextualizada dentro de delitos de lesa humanidad y por tanto imprescriptibles.
2)ANTECEDENTES:
En mi trabajo citado al comienzo, planteé la siguiente tesis que consigno sintéticamente:
Dadas las condiciones determinadas por la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Contra la Humanidad de la ONU del 26/11/68 a la que adhirió nuestro país por tratado que fue ratificado el 24/11/95 por ley 24.584 y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 17/7/1998, ratificado por la Argentina el 9/2/2001, que definió el delito de lesa humanidad, así debían considerarse los cometidos por los miembros de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial desde el año 2.003 hasta el 2015 en que fue escrito el trabajo, con relación a los denominados juicios de “lesa humanidad” iniciados y desarrollados en ese período. Esos agentes del Estado señalados serían responsables del encausamiento ilegal más allá de los límites impuestos por la ley de pleno derecho (hasta cifras escandalosas: 10, 12 y 14 años de prisión preventiva), torturas por las condiciones de detención, negativa a la disposición de la prisión domiciliaria de los mayores de setenta años que es procedente independientemente de las condiciones de salud, siempre que se den los requisitos que impone la ley2 y que, sin embargo, ha sido administrada arbitrariamente y casi siempre
denegada y por la muerte de cientos de esas personas que tuvo por causa esos delitos precedentes que adelantaron el momento de la muerte natural; todo ello de un colectivo de 2.228 personas según cifras extraoficiales, ( oficialmente, no se conoce hasta la fecha). Para ese fin instrumentaron una acción delictiva consentida por cada uno de sus miembros que consistió en una persecución judicial mediante los ya citados juicios de “lesa humanidad” (salvo aquellos agentes que en los límites de sus responsabilidades se hubieran opuesto explícitamente en el momento oportuno), violando casi todos los principios del derecho penal comenzando por el de la legalidad.-
Por las razones que expuse oportunamente y que aquí no repetiré, estimé que hubo un itinerario criminal que abarcó una serie de actos concatenados, sucesivos y concertados de los tres poderes, que habrían culminado en procesos y condenas ilegales. En cuanto al dolo en su momento dije que éste, surgía evidente, pero a más abundamiento, debía señalarse como prueba decisiva de que los juicios eran un instrumento de venganza, la doble vara con que manipularon todo este asunto: todo el peso de la acción judicial sobre los presos políticos y la virtual amnistía (e indemnizaciones en cantidades de personas y montos sobre los que no hay noticias oficiales) para los terroristas subversivos. En este orden de ideas, en estos últimos tiempos, surgió una nueva prueba del dolo, es decir, la intencionalidad delictiva: ya durante el gobierno actual, se desarrolló y se dictaron sentencias condenatorias en el juicio por el “Operativo Independencia” en Tucumán por hechos ocurridos en 1975, es decir, una represión estatal ordenada por un gobierno constitucional; fueron condenados subtenientes y cabos; los acusadores y juzgadores que se encargaron de esa tarea, ni siquiera rozaron judicialmente a la Comandante en Jefe, la presidente constitucional que en ese momento firmó el decreto de aniquilamiento del terrorismo subversivo3. Aquí no funcionó la tan tergiversada teoría de la autoría mediata en los aparatos organizados de poder, es que la presidente ni siquiera fue citada a juicio. Por lo contrario, esa teoría sí fue utilizada a discreción en estos mismos juicios cuando así la decisión arbitraria lo consideraba pertinente; caso paradigmático en ese sentido, el accidente en que perdió la vida el obispo riojano Enrique Angelelli4.
También expresé que la instrumentación de una persecución ilegal utilizando la vía judicial -los juicios de “lesa humanidad”- contribuyendo al envilecimiento de los administradores de Justicia, constituye, ella sí, delito de lesa humanidad y por tanto los hechos penales -perpetrados por esa persecución contraria a derecho- son imprescriptibles porque tienen estas características: El sujeto activo es en este caso el Estado por medio de los poderes instituidos desde el año 2.003; el sujeto pasivo es un sector determinado de la población (los que llevaron adelante la guerra contrarrevolucionaria) y la causa que guía el accionar delictivo es política. Además, por haberse producido estos delitos después de ratificado el tratado de imprescriptibilidad de 1968 (en el año 1995), queda fuera de discusión su vigencia en la época en que se cometieron y se están cometiendo los ilícitos que nos ocupan.
3)LOS HECHOS DESDE EL 10 DE DICIEMBRE DE 2015:
Desde la asunción del nuevo gobierno el 10/12/2015, en una apreciación global (los hechos circunstanciados deben acreditarse ya individualmente en cada caso judicial, ya por medio de una auditoría general que corresponde hacer al Consejo de la Magistratura)5, se siguen cometiendo los mismos delitos: homicidios directos o con dolo eventual (noventa y siete de los cuatrocientos treinta y ocho muertos en cautiverio lo han sido desde el 10/12/15), torturas por las condiciones ignominiosas de detención de personas mayores de sesenta y cinco años, lesiones graves, sevicias6, prevaricato y sentencias fraudulentas.
Estos dos últimos delitos, a su vez, son instrumentos para cometer los primeros en una relación de delito-medio a delito-fin, para ello se viola la ley de dos modos evidentes:
3.1) Prevaricando, al mantener prisiones preventivas ilegales con más de tres años de privación de la libertad en prácticamente todos los casos (en algunos hasta de 12 o 14 años); negando prisiones domiciliarias a los mayores de setenta años las que les corresponde dadas las dos únicas condiciones que impone la ley: que no representen peligro para ellos o para terceras personas y posibilidad de fuga. Para concederlas, exigen contra la letra clara de la norma la concurrencia de un grave estado de salud que se evalúa según el criterio del juez; de modo que los tribunales, al quedar ligado a su subjetividad la administración de este derecho, lo hacen con una arbitrariedad absoluta imposible de contrarrestar.
3.2) Dictando sentencias fraudulentas, condenando sin pruebas o con el solo testimonio de uno o dos individuos después de más de cuarenta años de los sucesos.
Realizando esas dos conductas alternativa o conjuntamente (puntos 3.1) y 3.2) producen como consecuencia los delitos de homicidio, torturas, sevicias y lesiones graves.
Carezco del dato (no hay cifras oficiales al respecto) si en estos dos últimos años se han encausado a otras personas siguiendo con el vicio de origen de todos estos juicios: la acción judicial cuando ya estaban prescriptas todas las acciones.
4) EL DERECHO:
4.1) Acotación del tema: Si las acciones y/u omisiones del actual gobierno fueran delitos, por sus resultados se tratarían del mismo quehacer ilícito del gobierno anterior, por lo que estaría fuera de discusión su carácter de “lesa humanidad” y por tanto de imprescriptibles. De tal modo que este ensayo se circunscribirá a analizar si a los miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo actuales les alcanza la imputación de los delitos cometidos por el inicio y desarrollo de los juicios de “lesa” por no haberlos hecho cesar inmediatamente y, en caso afirmativo, a qué modo comisivo penal corresponderían.
4.2) Concepto de acción, omisión y comisión por omisión: En la doctrina jurídica los modos comisivos del delito se clasifican en tres posibilidades: por acción, por omisión y por comisión por omisión. (1) Por acción se conoce “cuando se incurre en la violación de la ley penal prohibitiva haciendo algo de manera positiva”, la mayoría de los delitos tienen esa manera comisiva. (2) Delito de omisión: “la ley castiga la prohibición de su propio mandato”, son más simples que los de acción porque se consuman tan pronto se comete la infracción descripta en la norma, sin importar el resultado. (3) Delito de comisión por omisión: son los más complejos. El delito consiste en la voluntad de producir un “efecto, por ej. la muerte, la lesión, por medio una omisión jurídica, que se produce mediante una inactividad y no una actividad” En este último caso la cuestión radica en saber cuándo, respecto de un efecto delictivo, el agente incurre en una omisión punible, porque no toda inactividad es omisión jurídica reprochable penalmente. Solo es comisión por omisión cuando el agente tiene obligación legal de actuar (ej. típico de los manuales es la madre que deja de amamantar a su hijo para que se muera, no es suficiente que sea una obligación moral, también está prescripto en el C. Civil dar alimento a los hijos). Para una profundización del tema ver las citas doctrinarias puestas al final7.
4.3) La conducta delictiva de los poderes Ejecutivo y Legislativo: Expuestos sintéticamente los conceptos jurídicos de los modos comisivos que ocasionan el delito, corresponde entrar al análisis de si las conductas de los Poderes Ejecutivo y Legislativo son ilícitas penalmente respecto de los juicios de “lesa” que se siguen desarrollando; quedando fuera de discusión que, en caso afirmativo, serían delitos de lesa humanidad y consecuentemente imprescriptibles (como se dijo en el punto 4.1).
Existe un mandato general en el propio Preámbulo de la Constitución de que el Estado, entre sus fines, tiene el de afianzar la justicia. Además, una de las tres causas para la intervención federal a una provincia es el no asegurar la administración de justicia que tiene dentro de su jurisdicción y competencia (arts. 5 y 31 de la CN). Todo lo cual es demostrativo de la importancia que tiene para la organización institucional, sin distinción de Poderes, el debido funcionamiento de la Administración de Justicia. A ello se agrega la injerencia de los poderes Legislativo y Ejecutivo en la designación de los jueces federales, la remoción de la Corte Suprema y la legislación sobre el modo de remoción de los jueces inferiores.
De forma tal que, penalmente, los poderes ejecutivo y legislativo son garantes de la debida administración de Justicia ante las víctimas, cuando tienen en sus manos la posibilidad de hacerlo; consecuentemente, de la prosecución inconstitucional de las causas, del modo en que se desarrollan esos juicios y de sus consecuencias, tienen competencia con un instituto de su dominio8:la amnistía; es que la liberación por nulidad de los juicios llevaría una cantidad de tiempo(años) que superaría la vida de la mayoría de los enjuiciados. Este hecho de responsabilidad de los Poderes Políticos en la situación que siguen sufriendo las víctimas de estos juicios, ha sido denunciada en innumerables oportunidades por ellas mismas, directamente a los responsables o en forma pública, sin obtener respuesta9.
La situación de los presos por delitos de lesa humanidad ilegal, inconstitucional y contrario a las convenciones internacionales, institucionalmente enquistada en el gobierno, fue recibida del régimen anterior; pero, con un conocimiento indudable y con un compromiso explícito y público de proseguirla por parte de los miembros de los poderes que recibieron el mandato popular el 10 de diciembre de 2015, como lo puntualizaremos en el ítem 5).
Probada la dirección consciente y voluntaria hacia ese objetivo, solo resta establecer desde el punto de vista jurídico si el no haberla hecho cesar inmediatamente por el medio más rápido posible -la amnistía- se trata de una acción o una comisión por omisión. Adelanto mi opinión en el sentido de que lo considero una acción delictiva por dos razones: (1) porque la decisión de amnistiar (hecho político) no es por sí misma una obligación impuesta por la ley cuyo incumplimiento tuviera consecuencias penales que haga incurrir en el medio comisivo de omisión, la amnistía es solo un instrumento que concede la Constitución, útil en este caso para la inmediata libertad de las víctimas. (2) Porque desde el 10/12/2015 a la fecha -según la prueba reseñada en el punto 5)- al no hacer cesar inmediatamente la situación donde la amnistía era solo el instrumento adecuado, se hicieron cargo de los hechos delictivos, que siguieron y siguen sucediéndose, es decir que ya son propios: los 97 muertos por adelantamiento del deceso por las condiciones de detención, las torturas, las sevicias, la prolongación indebida de la privación de la libertad, etc. Desde el punto de vista estrictamente legal, tratándose de delitos de resultado, aunque hoy se dictara la amnistía, seguirían siendo responsables penalmente por los hechos ocurridos desde el 10/12/2015 hasta la fecha en que ella se produjera -salvo, claro está- que ellos mismos, los decisores tardíos de la libertad, fueran amnistiados, pero para eso tendrían que esperar otro gobierno, de lo contrario sería una auto-amnistía.
5)LA PRUEBA DE LA COMISIÓN DE LOS DELITOS:
Los actos explícitos por los cuáles se acredita que el gobierno desde 10/12/15 ha direccionado su conducta hacia la prosecución de los juicios de “lesa humanidad”, se relatan seguidamente; sin considerar agotada la reseña, en mi concepto deben considerarse suficiente prueba de la decisión y voluntad delictiva:
5.1) La (no) aplicación de la ley del “2x1”: El pronunciamiento del gobierno en contra de la decisión mayoritaria de la CSJ de la aplicación de la ley 24.390 del “dos por uno” en el cómputo de la pena para acceder a la libertad en el caso de los condenados/procesados en los juicios de “lesa”.
Este tema tiene varias aristas de ilegalidad e inconstitucionalidad de la conducta del PE y del PL, oficialismo y oposición, con excepción del diputado Alfredo Olmedo, que constituyen una evidencia de que la anomia no es una característica exclusiva de grandes sectores populares sino que, en forma alarmante, también lo es de los propios gobernantes. Para ser parte de una antología de lo que no debe hacerse en una república basta con señalar el “alzamiento” de los poderes Ejecutivo y Legislativo contra
la decisión del Poder Judicial sin acudir al único remedio normativo para ello: el juicio político a los responsables de la supuesta acción que le reprochan. Se completa el desatino del Congreso sancionando en tiempo récord una ley “interpretativa” de la otra que, en realidad, es una verdadera abrogación de la primera, a la que reforma parcialmente en perjuicio de los encausados, por lo que es inconstitucional porque afecta los principios de irretroactividad de las leyes y de la aplicación de la ley más benigna. El PE la promulgó inmediatamente.
No es objeto de este estudio ese despropósito jurídico-político, pero sí es de fundamental importancia para lo que acá estamos tratando de demostrar, el señalar que la conducta consciente y voluntaria de ambos Poderes fue encaminada a mantener privados de su libertad a los enjuiciados por “lesa humanidad”; es que la aplicación de la ley 24.390 hubiera importado para un número significativo de ellos la libertad por cumplimiento de pena en caso de los condenados, o porque se hubiera excedido del máximo previsto en la ley en caso de los procesados todavía sin condena10.
5.2) La mentira y el escamoteo de información como método.
La mentira:
“Como nada es más hermoso que conocer la verdad, nada es más vergonzoso que aprobar la mentira y tomarla como verdad” Cicerón.
Los treinta mil desaparecidos en los 70 por acción del gobierno del momento (tres juntas militares sucesivas, 1976/1983) asumido como dato oficial contra los 7.954 constatados por la CONADEP, es un desatino incomprensible: un desaparecido es un hecho grave, siete mil novecientos cincuenta y cuatro es gravísimo, veintidós mil más de lo comprobado es una mentira. Pues bien, esa mentira ha sido sostenida por el gobierno. Dijo Claudio Avruj: “Número en construcción” (que interesa mantener, porque sería muy fácil despejar la duda invitando a los eventuales familiares a denunciar su caso), “símbolo emblemático que la sociedad abrazó”11. Pero en este punto el colmo del dislate se lo lleva el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que por ley sancionada -y promulgada por la gobernadora- “estableció” que los desaparecidos por la dictadura militar son treinta mil. Mantener la mentira hasta el punto de “sostenerla” con una norma por quienes, además, son incompetentes en el tema (conducta que en el día 29 de marzo de 2018 ha imitado la Legislatura de la CABA aunque limitándose a una declaración), sería otra prueba del direccionamiento consciente y voluntario del gobierno nacional, porque está tolerando ambas intromisiones en asuntos de su exclusiva competencia sin emitir protesta alguna.
Aunque aquí estamos evaluando solo la conducta delictiva del PE y el PL nacionales, no podemos pasar sin aludir al significado de los hechos institucionales de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Bs. As. Constituyen un disparate por parte de las dos jurisdicciones que no merecerían mayor atención debido a su inocuidad ( el “negacionismo” del número de los 30.000 desaparecidos impuesto “stalineanamente” contra la cifra probada de 7.954, no puede traer consecuencias legales para ningún bonaerense o porteño), pero es preocupante que tal abuso de autoridad (art. 248 del
CP), se funde en pública e indisimulable mentira. El tema sale de lo jurídico y pasa al terreno mucho más exigente de la moral: es una ruindad (primera acepción del diccionario de la lengua) de un colectivo de personas que, además, son funcionarios públicos de alto nivel y que la cometen en ejercicio de sus cargos. La pregunta se impone: ¿Adónde vamos como país?
El escamoteo de información:
Desde que comenzaron los juicios, frente a la opinión pública hay silencio oficial sobre todo lo que se refiere a ellos. Desde el número de muertos en prisión hasta la cantidad de procesados y condenados; no se sabe cuántos son los jueces titulares y cuantos son los subrogantes, esto último puede llevar a demostrar que la mayoría fueron ad-hoc es decir que, además de sacar a los justiciables de la jurisdicción militar que era la natural, también en la civil les pusieron jueces “especiales”; igualmente se desconoce cuantos miles de millones de pesos se lleva invertidos específicamente en la estructura y funcionamiento de estos tribunales. La Asociación de Abogados para la Justicia y la Concordia, presentó una queja ante el Secretario de DDHH (marzo de 2.017) ante la negativa del organismos de responder a esta OMG un pedido de informes, que se supone debe ser público y a disposición de quien quiera conocerlo, sobre el estado de los juicios y la situación de los presos, en particular algunos en grave estado de salud. La queja fue motivada en la aberrante contestación recibida de que no podía ser proporcionada esa información por tratarse de “datos sensibles (art. 2 de la ley 25.326 de protección de datos personales”). Ocultamiento más inmotivado -esa norma no aplica al caso porque ha sido promulgada para proteger a los interesados- imposible.
5.3) La continuación del Estado en el rol de querellante.
La condición de acusador está cumplida con la presencia del Ministerio Público, el querellante como figura coadyuvante del fiscal solo tiene sentido para la víctima y sus herederos ¿Qué significado tuvo, entonces, montar toda una estructura del Poder Ejecutivo “paralela” al fiscal, en el mismo sentido? ¿Por qué no se prestó el mismo servicio a los imputados que actuaron en representación del Estado? Esta sinrazón prosiguió en el actual gobierno. Avruj dijo: “el Poder Ejecutivo seguirá siendo querellante”12.La gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal, inmiscuyéndose en un asunto que no es de su competencia funcional, anunció que “la provincia será querellante en los juicios -de “lesa”- de esa jurisdicción”. Es decir que en los tribunales ubicados en la provincia de Buenos Aires los habrá por la Nación y por la Provincia, en este último caso en un claro abuso de autoridad. De modo tal que, en esa jurisdicción, en estos juicios puede haber tres clases de querellantes: las supuestas víctimas o sus deudos, la Nación y la Provincia; en tanto que para los imputados que actuaron en representación del Estado solo hay defensores oficiales o particulares solventados por ellos mismos. Esto es para una antología universal del despropósito con relación a los institutos procesales de la acusación y de la defensa técnicas.
5.4) Intervención directa del Poder Ejecutivo en los juicios.
En este relato de desatinos jurídicos, tiene particular importancia la normativa que regula la actividad de la Secretaría de DDHH de la Nación, que la faculta a “intervenir en las actividades de observación activa (¿?), seguimiento de casos y situaciones relativas a los derechos humanos en el orden nacional e internacional”. Esta disposición está vigente a la fecha. En este orden de cosas cobra importancia fundamental la facilitación de la estructura y los medios que funcionan dentro de las fiscalías y los juzgados que preparan a los testigos previamente a su declaración. Esta grave irregularidad procesal, suficiente para declarar la nulidad de todos los juicios en que se hubiera producido, ha sido y sigue siendo asunto corriente en casi todos los tribunales y ha sido denunciada por los imputados13. Pero también, además de los querellantes por el Estado, el secretario Avruj se presentó directamente ante la justicia pidiendo que deniegue la prisión domiciliaria de Francisco Gómez14.
5.5) El Plan Nacional de DDHH.
Con fecha 12 de diciembre de 2017 el presidente de la Nación, acompañado del ministro Germán Garavano y del secretario de DDHH Claudio Avruj y otros funcionarios, lanzó el Primer Plan Nacional de Derechos Humanos. Dentro de un contexto mayor, refiriéndose específicamente a los juicios de lesa humanidad expresó: “las políticas de memoria, verdad y justicia incluidas en este plan, así como las acciones reparatorias….están garantizados. Son un sello distintivo de las políticas del Estado Argentino…”. En el mismo sentido se expresó el ministro Garavano diciendo: “…Esto implica que continúa siendo una prioridad indiscutible el avance de los juicios y causas de lesa humanidad….”. En el mismo acto el secretario Avruj preciso “…..que (el país) se posicionó a la vanguardia de los países del mundo en materia de derechos humanos en el marco del juicio y castigo a los perpetradores del horror más cruento de nuestra historia”. El Plan dispone que articulará “acciones conjuntas” para “la preservación de la memoria histórica” con ONGs de “legitimidad reconocida”; no se sabe cuáles son las condiciones para alcanzar el privilegio de ser categorizadas de ese modo. Y se anuncia que se elaborará un anteproyecto de ley “que excluya de las FFAA y FFSS y Servicio Penitenciario a todos los agentes que desempeñaron….”. Es decir que no solo se excluye a los que fueron enjuiciados, sino a cualquiera que hubiere estado en esos organismos en aquella época. En realidad esta disposición solo tiene un valor simbólico para satisfacer el insaciable espíritu de venganza de algunos, a quienes el gobierno parece temer; es que es prácticamente imposible que por el tiempo transcurrido haya alguna persona de las señaladas que esté prestando servicio; por la imposibilidad de cumplimiento del objetivo, esa intención solo tiene significado como una expresiva ratificación del afán persecutorio de los poderes E. y L., que interesa para este análisis como otro elemento de prueba. Pero además el subsecretario Avruj señaló con satisfacción que el año 2017 “marcó un récord de 25 juicios y 205 condenados” demostrativo de que en muchos ámbitos superamos los estándares y los resultados de la gestión anterior”. Se advierte una verdadera competencia con el régimen precedente sobre quién procesó y condenó a más personas. En este sentido alguien señaló con agudeza que, comparativamente, “en materia de martirio judicial en los juicios ilegales que nos ocupan, superaron (las
condenas del año 2017) a Firmenich y a Santucho en que, entre los dos, nunca llegaron a 205 soldados muertos por año”15.
6) LA RESPONSABILIDAD DE LAS MÁXIMAS JERARQUÍAS DE LAS FFAA:
En los organismos verticalizados de poder, no hay discusión sobre que es lícito el incumplimiento por el inferior de una orden manifiestamente delictiva del superior (que es la excepción a la obediencia debida).
En el caso que nos ocupa la cuestión es más compleja: se trata de determinar si hay un grado de participación delictiva por parte de quienes detentaron o detentan las máximas jerarquías de las FFAA, ubicándose en el nivel de toma de decisiones políticas-estratégicas (Estados Mayores de las tres armas y Estado Mayor Conjunto) del período que abarca los gobiernos desde el año 2003 a la fecha lo que, de ser afirmativo, sería por no procurar evitar y dejar constancia de ello (comisión por omisión) de los delitos de los sucesivos Comandantes en Jefe (los presidentes de la República).
En otros términos: ¿Tienen obligación legal de advertir y dejar constancia de ello sobre los delitos cometidos por los Poderes del Estado en perjuicio de los militares retirados y de los retirados de los organismos paramilitares, por hechos atribuidos ilegalmente a éstos cuando estaban en ejercicio de sus funciones, cumpliendo órdenes superiores? En mi concepto la respuesta sería afirmativa si se dan estas circunstancias: sería delito de comisión por omisión de las más altas autoridades militares referidas, por no haber procurado evitar la acción del presidente y ministros correspondientes si, y solo si, por el sistema normativo (leyes, reglamentos, etc.) de la organización militar, tenían y/o tienen obligación de actuar proactivamente y dejar constancia de ello y no lo hubieren hecho.
CONCLUSIONES:
A) Existe responsabilidad penal por delitos de lesa humanidad por parte del presidente y ministros correspondientes y de legisladores nacionales desde el 10 de diciembre de 2015, por los delitos de que han sido víctimas los procesados y condenados en los denominados juicios de “lesa humanidad”, en ese período, acreditados con la prueba reseñada en el punto 5) y por las razones jurídicas expuestas en el item 4.3).
Ello es así porque está probado suficientemente la decisión y voluntad del direccionamiento en ese sentido.
B) Al no tener jurisdicción sobre el tema, las conductas del gobierno provincial de Buenos Aires y de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solo constituyen un delito menor, abuso de autoridad, y carecen de consecuencias jurídicas para nadie que ose “desmentir” las afirmaciones legales sobre la existencia de treinta mil desaparecidos.
C) La responsabilidad penal de las máximas jerarquías militares está condicionada a la existencia de normas que los obligaran/obliguen a actuar dejando constancia de la advertencia y no lo hayan hecho, por los delitos sufridos por los retirados,
acusados y juzgados ilegalmente por supuestos ilícitos que habrían ocurrido en cumplimiento de órdenes superiores.
1 Silvia E. Marcotullio “¿Sólo prevaricato de los jueces o comisión de delitos de lesa humanidad por los tres poderes?” 2015 Imprenta Graficop. Río Cuarto.
2 Silvia E. Marcotullio “Prisión domiciliaria de mayores de setenta años en delitos de lesa humanidad”, publicado por La Ley Córdoba, setiembre de 2010, 841.
3 Decreto 261/1975.-
4 Silvia E. Marcotullio “Delito de lesa humanidad. Caso Obispo Angelelli. Nota a fallo”, Actualidad Jurídica de Cba. Rev. de D. Penal y D. Procesal Penal 204. Aquí fueron condenados a prisión perpetua Luciano B. Menéndez y Fernando Estrella como autores mediatos del hecho, cuando nunca se conoció -si es que existió- el autor inmediato del hecho.
5 El 14 de marzo de 2017 el Gral. Juan M. Giuliano por del Foro de Generales y el Cnel. Guillermo C. Viola por la Unión de Promociones presentaron ante el Consejo de la Magistratura un pedido de auditoría general de todos estos juicios: fue rechazado in limine exigiendo prueba de los delitos denunciados, cuando lo que se estaba pidiendo era, precisamente, la misma medida dispuesta meses atrás respecto de los juicios federales por corrupción de los funcionarios.
6 El lamento de una hija, Juana Rosa Casanovas Muñoz: http://davidrey.com.ar/prisionero-guerra-mejor-tratado-detenido-lesa-humanidad
7 Ricardo Núñez: “Tratado de D. Penal T I”, pág. 235 y sgtes. Ediar junio 1976. Reinhart Maurach, Karl Gossel y Heinz Zipf “Derecho Penal parte General “ T 2, pág 223 y sgtes. Ed. Astrea 1995. Claus Roxin: “Derecho Penal parte General T II” pág. 841 y sgtes. Ed. Thomson Reuters, 2015.
8 Günter Jakob, citado en el T II del tratado de Derecho Penal Parte General de Claus Roxin, pág. 854 punto 23.
9 Por todos ellos: El prisionero Juan Giovarruscio en su décima carta dirigida al primer mandatario: “Señor Presidente no nos siga asesinando en nombre de la ley”. https://davidrey.com.ar, Marzo 2/2017.
10 Avruj: “…Con el mismo criterio nos opusimos a los pedidos de aplicación de la ley del 2x1 para los represores” La Nación, 11/12/2017.
11 Editorial La Nación del 28/10/2016.
12 Avruj: “Lo hicimos a través de nuestro rol de querellantes en 220 causas de lesa humanidad”. La Nación 11/12/2017.
13 Por todos ellos: Es ilustrativa la denuncia que practicó el 19/3/2018 en su declaración indagatoria, el mayor abogado Jorge A. Olivera ante el Tribunal Oral Federal que lo está juzgando en San Juan.
También Emilio Cárdenas en La Nación del 27/10/2016: “La manipulación de testigos en causas de lesa humanidad”.
14 Explicó por radio Mitre (Telam, Política, 17/3/2018) “que lo hizo para evitar que mañana quebrante la prisión como lo hizo Etchecolatz…..que lo decidió después de reunirse con Pérez Roisinblit, Estela, Rosa y el abogado de la Abuelas de plaza de Mayo…..presentamos nuestra posición firme en contra de su prisión domiciliaria”.
15 Francisco Aguirrezábal en Prensa Republicana, 13/1/2018.-
Silvia E. Marcotullio. Exjuez de Cámara.
DNI 9.999.644.
Río Cuarto, 5/4/2018.