No debemos
dejar de tener en cuenta que las leyes pueden no sólo modificar la naturaleza,
en su faz biológica, donde cada uno puede elegir su sexo y los matrimonios
igualitarios aprueban la unión civil de dos personas del mismo sexo, anómalas
situaciones que el cauto y mercenario periodismo se ha cuidado mucho de
comentar y opinar libremente, sino que trayendo un caso ya olvidado a la
recordación, también las leyes modificaron la aritmética. En efecto, una por lo
menos, de las cuatro operaciones que conocimos en el primario escolar, la suma,
ya sufrió la dramática y dura experiencia de no tener validez, por disposición
legislativa.
Efectivamente
señores, traemos a vuestra trajinada memoria, ya de por sí castigada por las
importantes noticias recibidas en aluvión por el cholulo periodismo argentino,
una de ellas que parece ha pasado desapercibida, no obstante el significado de la monumental
estupidez que encierra. El 22 de mayo de 2017 se promulga en la Provincia de
Buenos Aires las ley 14.910 que dispone:
“En las
publicaciones, ediciones gráficas y/o audiovisuales y en los actos públicos de
gobierno, de los tres poderes de la provincia de Buenos Aires, se deberá
incorporar el término “dictadura cívico-militar" y el número 30.000 junto a la
expresión “desaparecidos”, cada vez que se haga referencia al accionar genocida
en nuestro país durante el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983”.
La propuesta
fue impulsada por el senador bonaerense y ex intendente de Lanús, Darío Díaz
Pérez, del Frente Para la Victoria. He ahí la modificación legal a la cantidad
que, una suma prolija realizada oficialmente, llegara a no más de 7.900. Ahora por mandato legal, son 30.000.
El poder
Ejecutivo Nacional no quiso ser menos en esta avanzada tecnológica del parlamento
y promulgó la Ley de Reparación Histórica, en donde modifica el índice de
ajuste de los haberes jubilatorios con un
porcentaje menor al que regía, reduciendo de esa manera los pagos
mensuales de los jubilados. A pesar del esfuerzo de funcionarios y legisladores
que con cálculos esotéricos, de un nivel avanzado, querían demostrar que en
realidad la modificación de la fórmula daba un resultado favorable, los
bolsillos de los interesados muestran lo contrario.
Es
lamentable que nuestro Congreso Nacional no emplee una virtud tan extraordinaria,
para disponer por ley el régimen de las lluvia sobre el territorio, a fin de
evitar las inundaciones y las sequías que parecen cada vez más incontrolables.
