jueves, 23 de noviembre de 2017

UNA PICA EN FLANDES

El Gobierno ya tiene su "Hoja de Ruta" en la modificación del índice de ajuste de la movilización de haberes de los jubilados, y es que ya no esté determinado por el aumento de los salarios y de la recaudación de Anses, sino por la inflación evaluada por el INDEC, según la recomendación del FMI. Ello facilita el trámite del proyecto de Reforma Económica que fue presentado al pueblo por el propio presidente Mauricio Macri, pues significa un reajuste de más de cien mil millones de pesos, a costa del sector llamado de la tercera edad, numeroso a una cifra de nueve millones de jubilados, pero el más vulnerable de la sociedad.
Esta medida es peligrosa e inoportuna pues permite el avance del populismo con nítidas características comunistas. Se pone en sus manos el arma dialéctica que esta vez sabrán manejar con argumentos razonables y convincentes y, desde luego, acompañados sistemáticamente por marchas, piquetes y protestas que pueden tener una gran aceptación popular. ¿Quién se podrá negar a defender a ese sector de la sociedad siempre olvidado y ahora castigado? 
Hemos puesto la pica en Flandes al contrarrestar este intento de pauperización de las masas, la frase favorita del marxismo, con el párrafo de nuestro artículo titulado "Gabriela Michetti", que fue  difundido en las redes sociales, según lo reproducimos más abajo:
"Pareciera que existe un error de concepto al querer demostrar que se busca solamente la actualización de los haberes para mantener una situación de pobreza que no llegue al hambre. No es así, es necesario comprender que un ciudadano que se retira luego de un aporte mensual proporcional a su sueldo, durante más de 30 años, exige un derecho y no acepta una limosna. Bajo esas condiciones se jubiló y no puede ser penalizado retroactivamente bajo otras condiciones que lo perjudican y que tienen por objeto reducir el déficit fiscal en mil millones de pesos tomados de la caja de Anses, organismo que hay que decirlo claramente. está de acuerdo con la modificación y de otra medida que deteriore la remuneración de los jubilados y se castigue con la aplicación de impuestos que no corresponden, como el de las ganancias.
Finalmente, el Estado es el causante y el culpable del déficit fiscal y su obligación es conjugarlo con los sueldos y jubilaciones de privilegio de sus propios funcionarios y empleados. Sensatamente, reconozca el Estado que el jubilado no tiene la culpa de sus desaciertos políticos y económicos. Obsérvese que decimos Estado y no Gobierno, pues estos procederes vienen de épocas atávicas".
Tras el anuncio del proyecto de reforma, el presidente Macri insistió; "Cada uno debe ceder un poco para garantizar 20 años de crecimiento". Aparentemente este llamado fue dirigido al sector pasivo que será inconsultamente rebajado en sus haberes, como lo fue y lo es con la oprobiosa Ley de Reparación Histórica, utilizada como caballito de batalla en los momentos preelectorales. Fueron aumentados los haberes de jubilados en pequeñas cantidades que nunca llegaban a lo que por ley correspondía. por sorpresa, sin previo anuncio. pero con el compromiso de no ejercer acciones judiciales contra el Estado. El engaño consistió en que conforme al título ostentoso de ley se pensaba que la reparación era para realizar los pagos obligados por sentencia que el gobierno nunca pagó. Fue un tentativa tramposa para que los querellantes aceptaran el pago inmediato de la deuda pero con un descuento abusivo del 50%, es decir una verdadera extorsión, pero siempre bajo el compromiso firmado ante los jueces, los funcionarios de Anses y los abogados de los querellantes, de no ejercer futuras acciones contra el Estado.
Nadie fue capaz de percibir que este procedimiento espurio fue  también llevado a cabo en el convenio con los gobernadores, a los que prácticamente se les conminó a desistir de los cientos de juicios pendientes con el gobierno nacional a cambio de que el gobierno se hiciera cargo de los pagos jurídicamente ganados, pero con un importe sensiblemente inferior.
¿Están seguros los señores gobernadores de que el gobierno cumplirá con los pagos acordados? Con el programa de la Ley de Reparación Histórica, el título lo decía, serían destinados casi 40 mil millones al pago de los juicios impagos de 250.000 jubilados, que nunca se efectivizó. Un vergonzoso fraude que se burla de la justicia desde hace más de diez años y que no se puede o no se quiere hallar la forma de obligar al Estado a que cumpla con las sentencias firmes. 
Según pudo establecerse, el monto del recorte  de las jubilaciones con la reforma previsional, significará el doble de lo que hasta ahora entregó el Gobierno con la celebrada Reparación Histórica. No cejaremos en todas las redes sociales de oponernos a una reforma previsional que atenta directamente a un perjuicio económico e ilegal contra los haberes de los ciudadanos de "tercera clase", débiles, indefensos, y de escasa influencia en el orden electoral. La ambición los descarta.
Seguiremos la lucha apelando a la sala más joven del Parlamento, la Cámara de Diputados, pues ya se aprobó en el Senado con una indeseada negociación típica de un recordado Banelco.






 

  ·         




















.




miércoles, 22 de noviembre de 2017

EL DERECHO PREVISIONAL


La opinión de los economistas es coincidente al considerar que la reforma previsional es la más complicada para el Gobierno porque está cosechando un amplio rechazo opositor. Estiman que lo que hará el Gobierno para seducir a potenciales aliados en la oposición, es mejorar la oferta conceptual del “plus” Como máximo, se podría estirar hasta los 50 pesos (15% aproximadamente), que a priori no parece ser suficiente.
Las explicaciones que sobre este tema brindó el ministro Dujovne en el reportaje nocturno de TN no fueron muy claras, lo que contradecía su excelente y a veces brillante exposición sobre la necesidad de aprobar el Pacto Fiscal. Lo dijimos en un artículo días atrás, que el Gobierno busca compartir el costo político del cambio de movilidad, lo que equivale a reconocer que el ínfimo “plus” de 12 pesos sobre la tasa de inflación es otorgado por necesidad política, sin ningún estudio ni discusión responsable sobre un tema que por su gravedad merece ese tratamiento. Viene a ser una limosna a los miserables para convencer a los senadores.
El verdadero costo es del estómago de los jubilados y de sus familias, y no se trata de lograr un subsidio razonable, sino contemplar el derecho  que le asiste al jubilado para que sus haberes sean reajustados conforme a los salarios.
Pareciera que existe un error de concepto al querer demostrar que se busca solamente la actualización de los haberes para mantener una situación de pobreza que no  llegue al hambre. No es así, es necesario comprender que un ciudadano que se retira luego de un aporte mensual proporcional a su sueldo, durante más de 30 años, exige un derecho y no acepta una limosna. Bajo esas condiciones se jubiló y no puede ser penalizado retroactivamente bajo otras condiciones que lo perjudican y que tienen por objeto reducir el déficit fiscal en mil millones de pesos tomados de la caja de Anses, organismo que hay que decirlo claramente, está de acuerdo con la modificación y de otra medida que deteriore la remuneración de los jubilados y se castigue con la aplicación de impuestos que no corresponden, como el de las ganancias.
Finalmente, el Estado es el causante y el culpable del déficit fiscal y su obligación es conjugarlo con los sueldos y jubilaciones de privilegio de sus propios funcionarios y empleados. Sensatamente, reconozca el Estado que el jubilado no tiene la culpa de sus desaciertos políticos y económicos. Obsérvese que decimos Estado y no Gobierno, pues estos procederes vienen de épocas atávicas.

sábado, 18 de noviembre de 2017

CÁLCULOS ENGORROSOS



Para calcular los aumentos de las jubilaciones por la nueva fórmula, es necesario tener una capacidad como para entender las teorías de Einstein.La que yo podría entender, con mayor facilidad, es la teoría de la relatividad que, en este caso, supone lo relativo que son los haberes de un jubilado.
En la edad media era costumbre colgar cedulones en las rejas del parlamento para dar a conocer al pueblo las nuevas ordenanzas en vigor. La gente se reunía para mirar los vistosos colgantes pero no para leerlos pues la gran mayoría era analfabeta. Si esa usanza se volviera a practicar en nuestro país, también la gente se reuniría alrededor de los carteles con ávida curiosidad pero sin entender las complicadas fórmulas insertas para el cálculo de los haberes jubilatorios. 
El Estado debería hacerse cargo de cursos de matemáticas, álgebra y logaritmos para jubilados, en orden a capacitarlos para el cálculo sus futuros haberes.
La Casa Rosada propuso una nueva fórmula basada en el inflación y la evolución del PBI
INFOBAE.COM

jueves, 16 de noviembre de 2017

EL MOTIVO DE LA FIRMA DEL ACUERDO



El presidente Macri acaba de lograr el ansiado consenso de los gobernadores para llevar adelante su proyecto de reforma económica. Hacía más de veinte años que no se firmaba un acuerdo Fiscal, hecho de características históricas que lo catapulta a mayores éxitos en su ardua gestión
El camino para arribar a un acuerdo hacia la reducción del déficit se inició con la garantía del gobierno nacional a las provincias del otorgamiento de un bono del 15% para compensar las deudas con la Nación. 

Entre los 11 puntos acordados, la mal llamada reforma previsional consistió en: Impulsar “inmediatamente” la modificación de la fórmula de movilidad de las prestaciones del régimen previsional público para que ellas se ajusten trimestralmente garantizando aumentos por encima de la evolución de la inflación. No se especificó qué plus se utilizaría para el referido aumento. 
Impulsar (no inmediatamente) la eliminación de las inequidades generadas por los regímenes de jubilaciones de privilegio, sin especificar fecha, modo, jurisdicción y estudio del tratamiento.
Sin entrar a un análisis crítico de los once puntos que comprende un tema tan complejo que abarca negociaciones muy difíciles y un polémico debate en el congreso, nos adelantamos a observar un detalle que juega un rol muy importante en la anhelada búsqueda de inversiones extranjeras en el país. 

Se trata de una circunstancia que hemos reflejado en nuestro anterior Blog, referida a la inseguridad jurídica. Decíamos del mal ejemplo que dábamos al mundo por el incumplimiento por parte del Estado, moroso desde hace varios años, al pago de las sentencias judiciales de los 250.000 juicios de los jubilados.   http://silviopedropizarro.blogspot.com.ar/2017/11/somos-una-variable-de-ajuste.html
La feliz resolución alcanzada en este acuerdo se debió a que todas las Provincias renunciaron a los juicios emprendidos contra el Estado ante la Corte Suprema de Justicia, para conformarse con sumas sensiblemente menores a las demandadas. 

El caso de la provincia de Buenos Aires podría ser encuadrado en los alcances de la Ley de Reparación Histórica, pues al adherir al acuerdo, sacrifica casi la mitad de los 65 mil millones que el alto tribunal se hallaba pronto a fallar favorablemente. ¿Cuál fue el motivo de tan plausible decisión? Pues, simplemente, el Gobierno no lo pagaría. La elegante y disimulada extorsión que efectuara el Gobierno con la citada ley, prendió rápidamente en sus adversarios en la justicia, las provincias. 
Pero en verdad no existe ninguna garantía de que las provincias reciban lo pactado, pues ya tenemos una lamentable experiencia de los jubilados que, sacrificando sus derechos y el 50% de lo adeudado, adhirieron a la ley por necesidad y desde hace un año tampoco cobran el restante 50% que por el articulado de la ley se les debía pagar en tres años y en cuotas trimestrales.




miércoles, 15 de noviembre de 2017

SOMOS UNA VARIABLE DE AJUSTE

El gobierno ha pasado repentinamente de un gradualismo de dos años a un impulso desenfrenado para la aprobación de una ley de reforma económica que, a toda costa, quiere  promulgar antes de fin de año. La motivación viene de la mano del FMI, que claramente sugirió la revisión en la fórmula de la movilidad jubilatoria como medida indispensable de un ajuste económico que le permita al país integrarse a la economía mundial.
Sucede que nadie impugna la decisión del gobierno en colocar nuevamente al país en marcha. ya que se ha quedado atrás en los años del ruinoso gobierno kirchnerista. 
La aprobación por unanimidad de la presidencia de Argentina del grupo G-20 para el próximo año con sede en Buenos Aires, es una prueba de que vamos por buen camino. 
El Secretario de Coordinación interministerial, Mario Quintana consideró que ése será el evento internacional más importante en la historia argentina y recordó que hace menos de dos años se discutió si nos echaban del G-20 y hoy nos dan la presidencia.
Es razonable entonces la decisión de ajustar el presupuesto fiscal, encarar una nueva ley tributaria y promover una reforma laboral, pero surge ahora con toda nitidez que el financiamiento de estos emprendimientos depende en su mayor porcentaje de los Servicios Sociales con una reforma previsional que impacta sobre el sector más vulnerable de una población de más de 15 millones de personas.  
En realidad no es una reforma previsional, es una modificación maliciosa al índice de movilidad, en menos; no es otra cosa que un parche a la vetusta ley. Con ella el gobierno ahorraría $114.000 millones de pesos que saldrían de las jubilaciones y pensiones. Ya se ha calculado que implicaría una disminución del 10% en las remuneraciones, con respecto al aumento previsto para el próximo mes de marzo.
La situación real de los jubilados se manifiesta con toda su crueldad en el ataque despiadado de Anses, que es constante y de una insólita tenacidad. Lo dijo el anterior director Diego Bossio cuando en una respuesta a una recriminación del Presidente de la Corte, Lorenzetti, le contestó oficialmente que su misión en Anses era la defensa del Estado contra el ataque de los jubilados. No lo dice abiertamente su actual director Emilio Basavilbaso, pero su actuación es de mayor virulencia pues ataca hasta un fallo de la Cámara  de la Previsión Social que dictaminaba la inconstitucionalidad del pago del impuesto de la ley de ganancias a los jubilados. 
Sus últimas recusaciones realizadas desmedidamente, sin ton ni son, no fueron aceptadas por la Cámara Previsional por "obstaculizar la administración de justicia."
Lo que no se dice, no se comenta, no se critica, es que a estas propuestas de  rebajas sustanciales a los haberes jubilatorios, se suma la deuda que tiene el gobierno  con 250.000 jubilados que con sentencia firme no obtienen el pago ordenado por ley.
A tal punto ha llegado la impunidad del mismo gobierno que sus abogados comienzan a insinuar que, dentro del país, la deuda del Gobierno para el Seguro Social no debe ser pagada. Un buen ejemplo para la ciudadanía.
Dentro de la vorágine en la que se está moviendo, no se ha recapacitado un breve momento en el gran obstáculo que significa  una posición de inseguridad jurídica que no escapa a los posibles inversores, atentos a las posibles dificultades que puede ofrecer el país. Un enfrentamiento judicial de sus empresas en el país, corre serio riesgo de encontrarse con la negativa del gobierno a pagar un fallo favorable. Corolario, no hay seguridad jurídica para invertir.
¿Creerá Macri y su equipo que los países interesados en la proyección de sus negocios no tendrán la suficiente capacidad para  analizar esta circunstancia, como tantas otras ?
Parece que existe optimismo en el plano oficial para la aprobación de la reforma propiciada por el Poder Ejecutivo y que sólo los apura el tiempo en concretarla, pero hay largo camino por delante y con muchas curvas. Es necesario lograr un consenso general todavía incierto.
La posición de los gobernadores, la CGT,, las cámaras de diputados y senadores, fuerzas económicas y financieras, la oposición política y una opinión cada vez más generalizada en torno al grave perjuicio a que puede ser sometida la tercera edad, son los componentes que el Presidente debe adecuar para el ansiado consenso.



viernes, 10 de noviembre de 2017

UN SEÑOR JUEZ PREVISIONAL


El 17 de octubre de 2014 decíamos en nuestro Blog:
"Se confirma la necesidad de intervenir a Anses para la legítima protección de la clase pasiva, saqueada por este gobierno corrupto. El Consejo de la Magistratura aprobó un dictamen para remover a los Doctores Luis Herrero y Emilio Hernández jueces de la Sala II de la Cámara federal de la Seguridad Social porque tienden a fallar a derecho las demandas de jubilados que solicitan el reajuste de sus haberes.
Estos magistrados fueron citados y concurrieron ayer al Plenario del Consejo, que finalmente postergó todas las definiciones  ante las fuertes        protestas de los jubilados presentes. 
Todo este lamentable escenario cumple con el propósito de seguir demorando indefinidamente las causas de los jubilados. Por tal razón aclaramos que no se dejó sin efecto la acusación, sino que se postergó, porque si los jueces vuelven a sus funciones se aceleran los juicios y la solución oficialista es postergar indefinidamente para no pagar. La insólita medida generó la paralización de 9.000 demandas por un año y medio."
Hoy nos enteramos que los jueces Luis Herrero y Nora Dorado del fuero de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, resolvieron no dar más lugar a los recursos extraordinarios presentados por el organismo oficial Anses para cuestionar el índice de actualización usado para el recálculo del ingreso.  El rechazo a que se sigan pasando expedientes al tribunal supremo tiene que ver con que el organismo siguió mandando recursos, al punto que se evaluó que eso obstaculiza la "administración de justicia". La respuesta de Anses es que irá en queja ante la Corte. Este paso prolonga la espera para obtener una sentencia definitiva y poder cobrar  lo dispuesto en ella. Se calculan cuatro años de demora para 250.000 juicios con sentencia firme.
Se repite la misma metodología del anterior Gobierno, que hemos expuesto más de quince veces en nuestros artículos en este espacio.
Desde el comentario realizado por la Auditoría General de la Nación, en uno de los varios informes que delataron las graves irregularidades de Anses, cuidadosamente archivadas por orden de la ex presidente, nos encontramos con que "nada ha cambiado". La AGN informaba que el organismo no cumplía con la finalidad de su creación y censuró en duros términos aspectos centrales vinculados a la sustentabilidad del régimen previsional en una perspectiva de mediano y largo plazo. Cuestionó además, la utilización de fondos para otros destinos ajenos al sistema previsional, incluyendo gastos corrientes del Estado nacional.
Estamos contestes en afirmar que la actuación de este organismo ha estado siempre en contra de los intereses de los jubilados. Las apelaciones a los fallos nunca argumentaron razones jurídicas que las sustentaran, fueron sólo un obstáculo interpuesto para demorar el pago de las sentencias que nunca llegan a pagar.
Desde esta columna venimos sosteniendo lo mismo y  sabemos que hay jueces que comparten esta opinión. Sin ir más lejos, el juez acá citado, Luis Herrero, manifestaba públicamente hace cuatro años que "Decirle a la Corte que cumplir su sentencia implicaría el quiebre de la Anses es decirle que no tiene conciencia de sus fallos. Creo que la explicación viene por el uso incorrecto de los fondos del sistema previsional; el objetivo del fondo de garantía está claro en el decreto que lo creó; mantener incólumes e intangibles las prestaciones del sistema previsional. que deben pagarse, no sólo conforme a la ley, sino también a la doctrina de la Corte. Hay todo un sistema que apunta a trabar las causas previsionales y a incumplir tratados internacionales.
Estoy de acuerdo con la inclusión social. Estoy en desacuerdo con que las prestaciones no contributivas se paguen con dinero del sistema previsional, en vez de hacerlo  con recursos de rentas generales.
La última acotación para este artículo, es resaltar que las declaraciones y el comportamiento justo e imparcial del juez que el kirchnerismo tratara de remover en 2013, vienen a coincidir con su actuación de hoy día en contra de Anses y con su acusación de que obstaculiza la administración de justicia.
¿Será objeto el Dr Luis Herrero de la misma represalia que ordenara Gils Carbó en octubre de 2014 al separarlo por un año y medio de su cargo?
Como hemos demostrado incontrovertiblemente que en este organismo de Inseguridad Social y Rebanación Histórica "nada ha cambiado", todo puede esperarse.



jueves, 9 de noviembre de 2017

AUDITEN ANSES



No hay ninguna duda que el presidente Macri, a tenor del resultado de las elecciones, ha decidido empuñar el timón de la economía con un proyecto integral que, en su base, tiene perspectivas de un rumbo cierto y razonable. Fue presentado en un discurso ante empresarios, sindicalistas, gobernadores y jueces, con el propósito de un diálogo nacional tendiente a lograr su discusión y tratamiento en forma consensual, conocedor de que muchos de los puntos han de ser sometidos al parlamento.
En el aspecto que nos toca, reforma previsional, la inquietud que provoca la modificación de la fórmula de actualización de las jubilaciones, como el mayor ajuste al presupuesto, es razonable ya que en el fondo viene a significar una sensible rebaja en los haberes de los jubilados. 
Sería muy importante una seria discusión entre todos los sectores afectados al problema, pero dejando de lado el aspecto político, Decimos esto porque en febrero de 2017 cuando el gobierno insinuó esta modificación para que por resolución de Anses se rebajaran los aumentos, se desató una tormenta política, en especial del sector de la oposición. También de sectores del gobierno se hicieron oír fuertes críticas, como la de la diputada nacional Elisa Carrió que manifestó: "Que se queden tranquilos los jubilados, vamos a dar la pelea, si no dan de baja la resolución yo le pido la renuncia a Basavilbaso o a quien sea". 
Ignoro hoy cuál será su opinión, aunque es de suponer que la política manda y tendrá que acompañar al proyecto.
En este momento nos llega la noticia de Nueva York sobre la afirmación del Presidente que las bases de la reforma laboral estarán listas antes de fin de año, pero no hizo referencia a la modificación de la reforma jubilatoria, señal que ha de llevar mayor tiempo de discusión, dadas las polémicas bases propuestas.
En el blog bajo el título "Reforma Índice Previsional" de fecha 3 de noviembre hemos realizado un estudio de los antecedentes y  de las variadas opiniones sustentadas por expertos y periodistas, a lo cual me remito. 
En esta oportunidad nos referiremos a un aspecto que consideramos fundamental, sine que non, para el tratamiento del proyecto sobre sólidas bases y el apropiado conocimiento del problema a tratar.
No sabemos nada de Anses. Desde la asunción del nuevo gobierno hemos solicitado informaciones sobre su manejo, su operatividad, sus finanzas y otros importantes detalles, que no fueron respondidos. De ahí que hemos exigido la intervención y auditoría del organismo, también con resultado negativo, no obstante el sentido de transparencia y la obligación reconocida por el gobierno de dar respuesta a los pedidos de la ciudadanía. 
No es la intención de reiterar en estos momentos nuestra demanda formulada en más de quince pedidos, que ponemos a disposición de los interesados, es que no es posible intentar siquiera la discusión del proyecto, cuando no poseemos el mínimo conocimiento de las actividades de  la Administración Nacional de Previsión Social.
Resumiendo, no se conoce el estado financiero en que se recibió del anterior gobierno ni  el estado financiero de la actualidad, la plantilla de empleados y oficinas y el gasto que ello representa, si hay adecuado control respecto al pago de las jubilaciones y pensiones, si todavía se siguen pagando beneficios a extranjeros y nacionales que no reúnen los requisitos legales, de qué cantidad y valor de subvenciones se ha hecho cargo Anses, si existen gastos y a cuánto ascienden en concepto de ayuda al Tesoro Nacional u  a otros organismos estatales, si se han realizado pagos  irregulares de publicidad a oficinas intermediarias, si existe una clara separación de los gastos referidos exclusivamente a jubilaciones y pensiones, de otros ajenos a este concepto y cuáles son las cantidades.
La comisiones que, de acuerdo a lo dispuesto por el Presidente, serán  llamadas a discutir formalmente el proyecto, no saben donde están paradas, con perdón de la expresión. 
Por otra parte, deben ser conformadas por gente profesional, especializada en materia de Seguridad Social y que pueda contar con el suficiente material informativo, como dijéramos en el párrafo anterior.
Hay que tener en consideración que Anses no paga solamente jubilaciones y pensiones ya que financia el Pro Cre Ar, préstamos a beneficiarios del SIPA. préstamos a Provincias y el déficit fiscal, Asignaciones Familiares, Asignación por Hijo, Desempleo, Asignación mensual a presos, pago indemnizaciones y subvenciones a Desaparecidos, Montoneros, Piqueteros, Obras Sociales de Sindicatos, etc, todo lo cual requiere información oficial y fidedigna del organismo.
Además, advertir que el proyecto propone la reducción de las contribuciones patronales, lo que implica una pérdida para el sistema de la Seguridad Social y a la vez una transferencia de recursos de los trabajadores a los empresarios.
Destacamos la importancia de esta enumeración, toda vez que las fuentes oficiales se empeñan en subrayar que más del 50% del gasto público proviene de la Seguridad Social. Está claro entonces que no es justo que el ajuste se realice sólo sobre los haberes de los jubilados. 
Aquí entramos en lo necesario que se hace un cómputo de lo que se gasta, en forma diferenciada. Por ello, nuestra sugerencia se basa en analizar la cuantiosa distracción de fondos que pueden y deben suprimirse en Anses con prioridad a una medida antisocial como sería la de empobrecer aún más a una clase de la tercera edad, la más vulnerable y populosa del país.
En tal sentido, el Poder Ejecutivo debe formular un proyecto de ley que ponga término a todos los regímenes de jubilaciones de privilegio, para que los en ellas incluidos se rijan en el futuro con la legislación vigente. 
En una palabra, los funcionarios y magistrados de nuestro gobierno, serían los primeros en dar el ejemplo de austeridad e igualdad ante la ley, que es lo que en definitiva nos pide el Presidente.
Volviendo sobre el proyecto en general damos por sabido que el Presidente anunció su intención de aprobarlo antes de fin de año, pero en el tema reforma laboral. En las primeras reuniones con sindicalistas, recibió un principio de rechazo y se reanudarán las discusiones. En el aspecto tributario hay conversaciones con los gobernadores, además de economistas especializados. 
Llama la atención que no haya mantenido contacto con asociaciones o centros de jubilados para el tratamiento de la reforma previsional, al igual que con intelectuales y abogados de Derecho Previsional. Y es llamativo porque es un tema de singular importancia que afecta e involucra a un sector numeroso de casi 10 millones de habitantes. 
Esta aparente falta de interés en consensuar con un amplio sector, lo vemos también en los medios, pues periodistas radiales y televisivos con prestigiosos programas políticos entrevistan a políticos, funcionarios y tratadistas, en relación a la inquietud que ha provocado la discusión de la reforma económica y son remisos a tratar este tópico, y cuando lo hacen es al pasar, por ser un problema que no lo elaboramos con profundidad, como reconoció uno de ellos.
Indudablemente, este es un gran paso que da el gobierno para combatir los altos impuestos, la inflación y asumir la responsabilidad fiscal con carácter permanente. Así lo ha expresado con firmeza el Presidente, "No podemos gastar más de lo que recaudamos"  
La reforma tributaria será la primera en enviar al Congreso. Estaremos pendientes de la anunciada reforma previsional.





viernes, 3 de noviembre de 2017

REFORMA ÍNDICE PREVISIONAL



Siguen llegando cartas y mails de muchos de mis contactos, muy disconformes con la Ley de Reparación Histórica que consideran  un verdadero ejemplo de extorsión y estafa. Anses prolongó hasta febrero del próximo año el plazo para solicitar la adhesión al plan propuesto, con la finalidad de pescar más incautos, dado el fracaso inicial. 
Aquéllos que no hicieron juicio, y que fueron beneficiados, con un pequeño aumento inferior a lo que correspondía, tuvieron que firmar el compromiso de no hacer juicio al Estado. Fue una medida política previa a las elecciones. Todo esto ya es de conocimiento público y refuerza mis pedidos de intervención a ese organismo que nunca fueron escuchados por el gobierno.
Advertía en anteriores artículos que el problema se agrava porque circula la versión de que el gobierno busca por todos los medios a su alcance recortar el gasto fiscal y entre las alternativas es proverbial y tradicional que recurra a la caja más poderosa del país, la de Anses, fuente de saqueos permanentes que cubrieron deficits, Fútbol para todos, subvenciones, notebooks, "préstamos" al gobierno y otros numerosos ítems que no tienen nada que ver con las funciones del organismo previsional.
En un aparente entendimiento de Anses con la Corte Suprema de Justicia, se está procurando una modificación en la fórmula de cálculo jubilatorio que redundaría en una millonaria suma a recaudar por el gobierno, en perjuicio de los haberes de la clase pasiva. A ello se sumaría un estudio de venta de acciones Estas arbitrarias medidas que causarían  un mayor deterioro en las ya gastadas economías  de más de seis millones de pasivos ya fueron denunciadas en nuestra columna el 9 del corriente mes bajo el título  "La Corte y Anses - Estafa".
Se produciría el hecho insólito que tanto Anses como la Corte, se unen  para reducir el monto de los haberes previsionales, con la finalidad de atender el ajuste de los gastos  exigido por el Poder Ejecutivo.
Ahora comprobamos que nuestros vaticinios se ratifican, luego del discurso del Presidente el lunes pasado. 
El gobierno confirmó que tratará de modificar la fórmula de actualización de las jubilaciones, a fin de que estén sujetas al índice de inflación en reemplazo del actual conformado por los salarios y la recaudación. La diferencia en favor de la fórmula de movilidad frente a la inflación consiste en una mejora del haber previsional.
La gran mayoría de especialistas en previsión social están acordes en manifestar su disconformidad con la nueva variante propuesta. En artículos anteriores expusimos las opiniones de Enrique Feuillassier y Sebastián Box Mansilla a las cuales agregamos la de Eduardo Santin, especialista en Seguridad Social, que indicó directamente que el cambio del índice implica que los jubilados no participen del crecimiento de la economía. 
Federico Bobrovsky, Abogado Previsionalista dijo que es un profundo cambio jurídico porque la lógica de la movilidad jurídica es que esté ligada a los salarios, porque se trata de un sustituto del sueldo. Este razonamiento nos parece muy válido. desde el momento que una persona se jubila sobre la base del salario que percibía. 
El juez federal Alberto Lugones en declaraciones muy humanas decía en un reportaje que no es lógico que estos ciudadanos tengan que plantear al Estado que les pague lo que les corresponde. Y agrega que estos pobres jubilados negociarán luego para entrar dentro de lo que se llama Reparación Histórica para cobrar algo de lo que se les debe (implícitamente se refiere a la quita alevosa del 50% con que fueron extorsionados) Si a ello sumamos de que el cálculo Anses ya lo viene realizando con el índice propuesto por el Presidente, la reducción operada en su haber es un saqueo.  
El reconocido economista Maxi Montenegro nos dice que la movilidad jubilatoria es el único ahorro que se ha planteado desde el punto de vista del sector público y que el 55% del gasto público primario está destinado a jubilaciones y gasto social, sobre lo cual discrepo, pues el rubro jubilaciones no puede equipararse al gasto social. Este último es incalculable e insondable pues comprende desconocidas subvenciones e indemnizaciones de todo tipo, incluyendo montoneros, y "regalías" de 30.000 millones a los piqueteros ya los servicios sociales de diversos sindicatos y partidos de izquierda. Por último dice que el gobierno planteó esta semana un nuevo cálculo de la movilidad jubilatoria para tratar de ahorrar el mayor componente del gasto público nacional.
Otra opinión muy importante en esta materia es la del prestigioso economista Rodolfo Santángelo, entrevistado en el programa televisivo "A Dos Voces". Se manifestó favorable a la reforma económica en general que indicó como primer paso hacia la definitiva integración del país, dejando en claro que la reducción de 100.000 millones de pesos del déficit fiscal, para el ajuste, provendrían del sistema previsional. Para que no existan erradas interpretaciones, transcribimos fielmente el diálogo mantenido.
Periodista - "En cuanto al tema previsional. que es un problema que se habló al pasar y que quizá al comienzo no elaboramos con profundidad. ¿Se van a ver perjudicados los jubilados con estos cambios?"
Economista - "El sistema previsional argentino está técnicamente en quiebra, heredado del gobierno anterior, que pretendió hacernos creer que se pueden hacer gastos  sin financiación prevista (aquí enumeró correctamente gran parte de los desquicios  y de la irrazonabilidad de los gastos) pero hubo un error del actual gobierno que distorsionó el sistema y fue la Ley de Reparación Histórica. Existió un error de cálculo al producir gastos sin financiación, pues los fondos del blanqueo de uno o dos años no pudieron afrontar los gastos de dicha ley. Está mal decirlo, pero es casi como si con la modificación de la fórmula previsional, se subsanara el error cometido.. Puede ser que el jubilado con este nuevo índice ganara menos, pero estaría peor si no se llevara a cabo esta reforma." 
En verdad, estas explicaciones son polémicas pues justifican que un error del gobierno, de cálculo o de lo que sea, tenga que ser pagado por los jubilados, aunque comparte mi concepto del fracaso de la Ley de Reparación Histórica.
Nuestra opinión es paralela a la emitida por los tratadistas citados en primer término. de modo que a ellas nos remitimos, pero llevamos pendiente desde hace varios años una idea más amplia y generalizada con respecto a la indolencia que todos los gobiernos han demostrado con la clase media más humilde y vulnerable del país. 
Antes de modificar fórmulas que destrocen el haber jubilatorio, sin siquiera haber establecido un diálogo constructivo con los centros y organizaciones de jubilados del país, como lo está haciendo el ministro de Trabajo desde hace más de dos meses con todos los sindicatos, en torno a la modificación de las leyes laborales, es aconsejable y hasta mandatorio que el gobierno tome ese contacto con los directamente involucrados en el tema que son los jubilados.
Hay un desconocimiento completo de la actividad de Anses en cuanto al desenvolvimiento de su burocracia, al manejo de los ingentes fondos que administra,  la diversidad de oficinas, las funciones que desempeñan y la información de las medidas que se toman en su cerrado edificio. En una palabra, es un verdadero despropósito.
Existe además la necesidad de que el gobierno dé respuesta al cuestionario que el director de Anses nunca tuvo la deferencia de contestar´y que aquí reiteramos. 

- Estado financiero en que se recibió a Anses.
- Si se han realizado auditoría y balances luego de su recepción.  
- Si se ha tomado vista de las numerosas auditorías realizadas por la AGN que           quedaron archivadas.  
- Si se está al tanto de los recursos humanos al momento de la transferencia, en cuanto   a la cantidad, idoneidad y la legitimidad de su ingreso. 
- Por qué razón Anses apeló el   fallo de la Cámara Federal que declaró     inconstitucional el descuento del impuesto a   las ganancias a los jubilados. En qué   afecta ese fallo a ese organismo. 
- Por  qué razón presentó recursos extraordinarios contra las tres Cámaras Federales        para que se aplique un índice de movilidad inferior al actual. 

La solicitud de estos datos tiene su correlación con la extraña circunstancia que hemos observado con respecto a la notoria diferenciación percibida en el trato dado por el gobierno a este organismo,  que nunca mereció una auditoría ni investigación, en relación con todos los ministerios y oficinas de la administración nacional que a diario son objeto de exhaustivas investigaciones, con precisos informes sobre las mismas que se ven publicados en los medios. Nada, absolutamente nada, de Anses, permanece impoluta.
Lo único que trasciende ahora, es que a pesar de su misterioso silencio será objeto de la principal y más polémica transformación en el proyecto económico del presidente, llamado a un ajuste gigantesco del presupuesto en una suma s de 100,000 millones de pesos extirpados del fondo de los jubilados, totalmente ajenos al por qué de esta drástica medida que los perjudica notablemente.
Finalizado este análisis objetivo sobre la faz jubilatoria, nos queda la impresión de que las afirmaciones del presidente tienen un cariz de exploración tentativa, tendiente a recoger opiniones que lo vayan encaminando a la meta, pero sin apuros desafortunados que perjudiquen el fin propuesto que, indudablemente, es razonable y en general aceptable.
Poniendo punto final a este escrito escucho una última noticia que trae a colación la referencia que hicimos acerca de las conversaciones del ministro de trabajo  con los sindicatos. El título nos dice que los sindicatos rechazaron la reforma laboral de Macri. Me pregunto entonces, ¿cómo se las arreglarán los jubilados para rechazar el arrebato de 100.000 millones de pesos?