Parece una ironía escabrosa que se conjuguen
en este artículo dos universos que son nuestros temas más importantes en el
Blogspot “Habla la Experiencia”, los derechos humanos y la defensa de los
jubilados, ambos conculcados perversamente, unos por el Poder Judicial a través
de sus tribunales “especiales” que juzgan los delitos de lesa humanidad, otros
por el organismo de Anses con la antigua y sistemática negación al cumplimiento
de las sentencias firmes de ancianos litigantes.
En el dramático caso que vamos a tratar reaparece
con distinto telón de fondo “El placer de la venganza” ya planteado en siete
artículos del Blog, esta vez fogoneado por Anses, sobre la que hemos escrito
decenas de apartados con fundadas críticas, jamás respondidas.
En efecto, acaba de conocerse que a partir de la investigación
de Ufises, se pudo constatar que algunos beneficiarios de la pensión honorífica
otorgada por el Poder Ejecutivo, están implicados
en los juicios por delitos de lesa humanidad, por lo cual solicitó a Anses, por
medio de los fiscales Minatta y De Vedia que se dispusiera la baja definitiva
del beneficio para los condenados, y la suspensión provisoria para los que están
bajo proceso.
En base a tal requerimiento, la Anses ya resolvió
suspender la pensión honorífica otorgadas a los cinco ex militares condenados y
analiza quitarles el beneficio a otros 24 ex militares que intervinieron en la
Guerra de Malvinas, que también se hallan involucrados en delitos de lesa
humanidad, violando las más elementales garantías constitucionales de la propiedad y la presunción de inocencia cuando no existe sentencia condenatoria.
Se justificó lo resuelto, en el art. 6 del Decreto 1357/2004 que estableció que los veteranos de guerra que hubieran sido condenados por violación de los derechos humanos no podían ser beneficiarios de las Pensiones Honoríficas de Malvinas.
Recordamos que se trata de militares que recibieron la Condecoración del Congreso de la Nación Argentina a los Veteranos de Guerra de Malvinas, Condecoración al Mérito Militar por parte del Ejército Argentino. Mención Distinguida por su participación en la Guerra de Malvinas. Un honor que el odio, el resentimiento y la venganza, jamás podrán quitar del pecho de nuestros héroes.
El criterio fue sentado por la multicuestionada Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó, quien señaló que "El reconocimiento al honor que implica el otorgamiento de esa pensión es incompatible con el hecho de ser condenado por la comisión de los delitos más atroces contra la humanidad".
La Ufises es una unidad fiscal creada en mayo de 2002 y depende de la Procuración. Actúa en la investigación y prevención de las conductas delictuales o potencialmente punibles, que puedan afectar los fondos sociales y sus finalidades específicas y la gestión indebida de prestaciones jubilatorias No le conozco ninguna intervención a esta unidad fiscal en las innumerables infracciones y delitos cometidos en la Anses, ni siquiera en el otorgamiento de jubilaciones a miles de extranjeros de países limítrofes con fines electorales que ya eran de público conocimiento popular. Pero ejercieron su astucia inquisidora sobre los héroes de Malvinas.
El procedimiento inconstitucional constituye un acto de venganza consecuente con el placer kirchnerista que ahora continúa el nuevo gobierno, en abierta contradicción a sus promesas electorales referidas a los derechos humanos. No creemos que le produzca placer, pero es la continuación de la política dirigida contra los militares. Decimos inconstitucional porque una unidad fiscal manejada por Justicia Legítima no puede solicitar a ningún organismo del Poder Ejecutivo ni a ninguna organización estatal o privada que no cumpla con una ley del Congreso y promulgada por el Ejecutivo, nos referimos a la ley nacional 24.892 en este caso, ya que sólo puede dejar de cumplirse por otra ley que la modifica o deroga.
Los veteranos de Malvinas vienen cobrando la pensión, en algunos casos desde hace veinte años y por lo tanto tienen un derecho adquirido y la resolución de Anses constituye un delito contra el patrimonio de los mismos porque la pensión es una propiedad y quitarla es un Delito Contra la Propiedad, claramente tipificado en el Título VI del Libro Segundo del Código Penal, aspecto éste que ningún abogado debería desconocer y mucho menos inducir a delinquir a quienes debe asesorar.
Aparte de lo expuesto, no debemos dejar al margen la ilegalidad de los juicios de lesa humanidad, que hemos venido sosteniendo con fundamentos jurídicos irrebatibles en más de diez artículos en este Blog y que continuamos y continuaremos sosteniendo en aras de la Justicia con mayúscula.
Otro detalle de suma importancia es el desatino que comete la Anses al pretender la suspensión de los beneficios a titulares que se hallan en proceso, es decir sin sentencia condenatoria, con lo cual desconoce burdamente y de mala fe la presunción de inocencia de los imputados.
Esta acérrima persecución que no tiene precedentes, se viene realizando con un plan preconcebido que se puede comprobar, a poco que se sigan los lineamientos observados en cuanto a los ejecutantes, lugar, tiempo y declaraciones que detallamos a continuación.
1. El organismo creado a ese fin por la procuradora Gils Carbó en el año 2013, Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad que al inaugurarlo dijo:
"Esto implica la ratificación y el afán de profundizar la política de los derechos humanos. Penetrar en los nichos de la impunidad es una tarea muy difícil que no se da con el Código y las leyes, se da con el cuerpo."
2. La jueza Angela Ledesma, presente en el acto, declaró "Debemos seguir trabajando en un nuevo modelo de enjuiciamiento penal"
3. La funcionaria elegida para ocupar el puesto, Carolina Varsky fue durante una década abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presidido por Horacio Verbitsky, el terrorista que promovió los movimientos izquierdistas de organizaciones internacionales para exigir la libertad de la delincuente Milagro Sala, insólita intromisión extranjera que llegó al país por la imprudente invitación del gobierno, A ello nos hemos referido en blogs anteriores.
La función de Varsky es "prestar asistencia a los fiscales de todo el país en las causas de violaciones cometidas durante el terrorismo de Estado."
Analicemos los tres puntos expuestos:
Por el primero, se reconoce expresamente que la finalidad es profundizar los juicios de lesa humanidad, fuera del Código y de las leyes.
Por el segundo, la jueza Angela Ledesma incita a "seguir trabajando en un nuevo modelo de enjuiciamiento penal", es decir los tribunales especiales para juicios de delitos de lesa humanidad.
El tercero confirma nuestras afirmaciones sobre el plan promovido y ejecutado por Verbitsky, que en este nuevo procedimiento ataca a los militares honrados con menciones honoríficas por su valeroso desempeño en la Guerra de Malvinas-
Las coincidencias no son tales, sino hechos concordantes productos de una confabulación muy bien programada, con el objetivo de aniquilar a un gobierno democrático.
¿Es casual la presión de organismos internacionales de izquierda para exigir la libertad de una desconocida delincuente? ¿Es casual que que ese movimiento extendió sus garras para lograr la modificación de leyes penales en 24 horas?
¿Es casual que la vergonzosa medida de Anses, al arrogarse facultades de jueza del honor militar en guerra, cancelara a pedido de UFISES pensiones honoríficas concedidas por Ley del Congreso?
¿Es casual que el organismo citado tenga como titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad a doña Carolina Varsky, colega y discípula de Horacio Verbitsky, el conocido terrorista del CELS, y en el que ella ejerció un cargo durante 10 años?
¿Es casual que las declaraciones arriba transcriptas de Gils Carbó, Angela Ledesma, como asimismo las funciones a cargo de Varsky, constituyn un reconocimiento de la inconstitucionalidad observada en los procesos penales en contra de los miles de militares detenidos?
Se justificó lo resuelto, en el art. 6 del Decreto 1357/2004 que estableció que los veteranos de guerra que hubieran sido condenados por violación de los derechos humanos no podían ser beneficiarios de las Pensiones Honoríficas de Malvinas.
Recordamos que se trata de militares que recibieron la Condecoración del Congreso de la Nación Argentina a los Veteranos de Guerra de Malvinas, Condecoración al Mérito Militar por parte del Ejército Argentino. Mención Distinguida por su participación en la Guerra de Malvinas. Un honor que el odio, el resentimiento y la venganza, jamás podrán quitar del pecho de nuestros héroes.
El criterio fue sentado por la multicuestionada Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó, quien señaló que "El reconocimiento al honor que implica el otorgamiento de esa pensión es incompatible con el hecho de ser condenado por la comisión de los delitos más atroces contra la humanidad".
La Ufises es una unidad fiscal creada en mayo de 2002 y depende de la Procuración. Actúa en la investigación y prevención de las conductas delictuales o potencialmente punibles, que puedan afectar los fondos sociales y sus finalidades específicas y la gestión indebida de prestaciones jubilatorias No le conozco ninguna intervención a esta unidad fiscal en las innumerables infracciones y delitos cometidos en la Anses, ni siquiera en el otorgamiento de jubilaciones a miles de extranjeros de países limítrofes con fines electorales que ya eran de público conocimiento popular. Pero ejercieron su astucia inquisidora sobre los héroes de Malvinas.
El procedimiento inconstitucional constituye un acto de venganza consecuente con el placer kirchnerista que ahora continúa el nuevo gobierno, en abierta contradicción a sus promesas electorales referidas a los derechos humanos. No creemos que le produzca placer, pero es la continuación de la política dirigida contra los militares. Decimos inconstitucional porque una unidad fiscal manejada por Justicia Legítima no puede solicitar a ningún organismo del Poder Ejecutivo ni a ninguna organización estatal o privada que no cumpla con una ley del Congreso y promulgada por el Ejecutivo, nos referimos a la ley nacional 24.892 en este caso, ya que sólo puede dejar de cumplirse por otra ley que la modifica o deroga.
Los veteranos de Malvinas vienen cobrando la pensión, en algunos casos desde hace veinte años y por lo tanto tienen un derecho adquirido y la resolución de Anses constituye un delito contra el patrimonio de los mismos porque la pensión es una propiedad y quitarla es un Delito Contra la Propiedad, claramente tipificado en el Título VI del Libro Segundo del Código Penal, aspecto éste que ningún abogado debería desconocer y mucho menos inducir a delinquir a quienes debe asesorar.
Aparte de lo expuesto, no debemos dejar al margen la ilegalidad de los juicios de lesa humanidad, que hemos venido sosteniendo con fundamentos jurídicos irrebatibles en más de diez artículos en este Blog y que continuamos y continuaremos sosteniendo en aras de la Justicia con mayúscula.
Otro detalle de suma importancia es el desatino que comete la Anses al pretender la suspensión de los beneficios a titulares que se hallan en proceso, es decir sin sentencia condenatoria, con lo cual desconoce burdamente y de mala fe la presunción de inocencia de los imputados.
Esta acérrima persecución que no tiene precedentes, se viene realizando con un plan preconcebido que se puede comprobar, a poco que se sigan los lineamientos observados en cuanto a los ejecutantes, lugar, tiempo y declaraciones que detallamos a continuación.
1. El organismo creado a ese fin por la procuradora Gils Carbó en el año 2013, Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad que al inaugurarlo dijo:
"Esto implica la ratificación y el afán de profundizar la política de los derechos humanos. Penetrar en los nichos de la impunidad es una tarea muy difícil que no se da con el Código y las leyes, se da con el cuerpo."
2. La jueza Angela Ledesma, presente en el acto, declaró "Debemos seguir trabajando en un nuevo modelo de enjuiciamiento penal"
3. La funcionaria elegida para ocupar el puesto, Carolina Varsky fue durante una década abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presidido por Horacio Verbitsky, el terrorista que promovió los movimientos izquierdistas de organizaciones internacionales para exigir la libertad de la delincuente Milagro Sala, insólita intromisión extranjera que llegó al país por la imprudente invitación del gobierno, A ello nos hemos referido en blogs anteriores.
La función de Varsky es "prestar asistencia a los fiscales de todo el país en las causas de violaciones cometidas durante el terrorismo de Estado."
Analicemos los tres puntos expuestos:
Por el primero, se reconoce expresamente que la finalidad es profundizar los juicios de lesa humanidad, fuera del Código y de las leyes.
Por el segundo, la jueza Angela Ledesma incita a "seguir trabajando en un nuevo modelo de enjuiciamiento penal", es decir los tribunales especiales para juicios de delitos de lesa humanidad.
El tercero confirma nuestras afirmaciones sobre el plan promovido y ejecutado por Verbitsky, que en este nuevo procedimiento ataca a los militares honrados con menciones honoríficas por su valeroso desempeño en la Guerra de Malvinas-
Las coincidencias no son tales, sino hechos concordantes productos de una confabulación muy bien programada, con el objetivo de aniquilar a un gobierno democrático.
¿Es casual la presión de organismos internacionales de izquierda para exigir la libertad de una desconocida delincuente? ¿Es casual que que ese movimiento extendió sus garras para lograr la modificación de leyes penales en 24 horas?
¿Es casual que la vergonzosa medida de Anses, al arrogarse facultades de jueza del honor militar en guerra, cancelara a pedido de UFISES pensiones honoríficas concedidas por Ley del Congreso?
¿Es casual que el organismo citado tenga como titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad a doña Carolina Varsky, colega y discípula de Horacio Verbitsky, el conocido terrorista del CELS, y en el que ella ejerció un cargo durante 10 años?
¿Es casual que las declaraciones arriba transcriptas de Gils Carbó, Angela Ledesma, como asimismo las funciones a cargo de Varsky, constituyn un reconocimiento de la inconstitucionalidad observada en los procesos penales en contra de los miles de militares detenidos?
En buen
romance y traducido al noble lenguaje argentino, se ha afirmado oficialmente,
en boca de los referidos funcionarios, la siguiente declaración:
Nosotros
hemos inaugurado este organismo con la única finalidad de modificar los
procesos penales con el desconocimiento de Códigos y leyes, en un nuevo modelo
de enjuiciamiento penal. Para ello estamos designando jueces y fiscales con
doble paga, querellantes que hacen lo mismo que los fiscales, para que se limiten a condenar a todos los enjuiciados.
Los
funcionarios de esta nueva oficina deberán prestar atención solamente a los
delitos cometidos, según asesorados testigos, por los militares del terrorismo
de Estado, único reconocido por los gobiernos anteriores y por el nuevo
gobierno.
Las penas perpetuas serán acompañadas por medidas de confiscaciones
de pensiones que quedarán a cargo de Anses, el mismo organismo que abona y
continuará abonando las subvenciones e indemnizaciones a las víctimas
sojuzgadas por las fuerzas armadas.
La Corte Suprema de Justicia nos ha proporcionado la necesaria legal autorización.
La Corte Suprema de Justicia nos ha proporcionado la necesaria legal autorización.
La cruda y terrible verdad que el país parece desconocer, es la que estamos viviendo en relación a los derechos humanos y al sojuzgamiento que sufre el gobierno frente a la nueva política de desorden institucional y anomia que ha puesto en práctica el marxismo internacional en el mundo.
La Anses
está cometiendo muchos errores que ya justifican sobradamente una intervención
y auditoría, como estamos exigiendo desde hace mucho tiempo, pero su insólita
intromisión en este caso que involucra la Causa Malvinas, la única causa detrás
de la cual se encolumna, sin discusión, todo el pueblo argentino, puede
perjudicar la imagen del Presidente y
restarle apoyo en las próximas elecciones. Es una seria advertencia.
