¿No es confiscatoria una alícuota de 40% para la soja –hoy toca el 50%– que aplica el gobierno a la producción del grano?. La voracidad fiscal se extralimita y avanza constantemente la intervención del Estado sobre la actividad y propiedad privada. ¿Es legal la velada orden del Banco Nación a los productores para que vendan la soja en un plazo perentorio de un mes, bajo claras y precisas amenazas de orden económico? Estos dos interrogantes tienen su asidero en que nunca el Estado ha procedido de manera tan compulsiva en la economía del país. Los verdaderos saqueos al Banco Central con la abyecta complicidad de sus autoridades y a la caja de Anses, a pesar de las airadas protestas de la clase pasiva, ya al borde de la extinción, la ley de abastecimiento sobre la que se está alegando su inconstitucionalidad via judicial, todo bajo el siniestro manto de la crisis y el default que soporta el país, conducen a un Estado autoritario y populista con un Gobierno cada vez más corrupto en todos sus niveles.
